A un par de semanas transcurrida la épica bajada del flujo de agua del río con 4.880 metros de extensión continúan las repercusiones en los diferentes los aspectos que puede llegar a afectar tanto en lo económico como en lo ambiental.
180 días de emergencia hídrica dictaminó el presidente de la Nación luego del fenómeno de la bajante de caudal que sufrió el río Paraná estas últimas semanas . Uno de los factores de gran relevancia en el que se ve perjudicado el efluente es sin dudas el comercio, que lo tiene como escenario protagonista. Se estiman que son alrededor de 5 mil los buques que pasan por el Paraná y el Río de la Plata por año, llegando a traspasar las fronteras de Paraguay, Brasil, Uruguay y Argentina.
Un dato impactante para tomar dimensión es el registro caudaloso que posee el río en cualquier momento de la actual estación: 3,20 metros es la altura promedio que tiene el río en invierno, mientras que ahora posee 0,04 metros. Una marca no se alcanzaba desde hace 52 años atrás, cuando se llegó a una bajante total de 0,14 mts.
Según confirman desde el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) otra serie de actividades que se ven afectadas son: la pesca, la apicultura, la captación de agua por las arroceras y el traslado de madera en zonas del Delta por las demoras que conllevará.
Ante dicho escenario, la diputada Blanca Osuna, del partido de Frente de Todos y ex intendente de la Entre Ríos durante los años 2011-2015, lanzó un proyecto de ley en el cual busca conformar una comisión administradora del río Paraná. Esta Comisión sería integrada por todas las provincias del país que recorre dicho efluentes: Entre Ríos, Corrientes, Buenos Aires, Formosa, Chaco, Santa Fe y Misiones.

Luego de la reunión con el jefe de gabinete, Santiago Cafiero, la ministra de seguridad de la Nación, Sabrina Frederic, y otras autoridades ambientales de la provincia; Osuna comentó: «Es necesario regular su uso con fines sanitarios, turísticos, productivos y comerciales, para proteger un recurso indispensable como es el río Paraná y promover su cuidado con perspectivas de desarrollo sostenible».
En dicha reunión se debatió cual sería la articulación de las organizaciones y entidades que deberán llevar a cargo las políticas de cuidado: «la dimensión y el impacto geopolítico del Paraná justifican plenamente un organismo donde las provincias, que tienen por la Constitución Nacional el dominio del río, coordinen junto a la Nación las políticas y acciones necesarias para su cuidado y uso», comunicó la diputada del Frente de Todos.
