En la reunión estuvieron presentes los ministros de Justicia, Martín Soria; Trabajo, Claudio Moroni; Desarrollo Social, Daniel Arroyo; la titular de la cartera de Seguridad, Sabina Frederic; el director del Comité Ejecutivo para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas, Gustavo Vera; el director General de Recursos de la Seguridad Social de la AFIP, Carlos Castagneto y el titular de la Unidad Financiera Institucional, Carlos Cruz.

Estas iniciativas fueron elaboradas de manera articulada con 44 organismos nacionales, provinciales y municipales de los tres poderes del Estado y tienen como objetivos mejorar cualitativamente la asistencia a las víctimas rescatadas de redes de trata mediante el establecimiento de cupos de reinserción laboral en el ámbito del Estado.

“Este plan apunta a recoger un trabajo y una trayectoria ya hecha y rescata una tarea articulada y federal, que se ha llevado a cabo de manera conjunta entre las distintas jurisdicciones del estado nacional y la sociedad civil, interactuando con otros gobiernos, con otros estamentos, para crear un abordaje multidisciplinario sobre la problemática de la trata” destacó Cafiero.

“Esas 100 acciones en 44 jurisdicciones, tienen que ver con la interacción. Es afirmar el compromiso del gobierno nacional para decir no a la trata, para decir no a la eplotación sexual, para decir no al trabajo infantil, y no a la explotación laboral», sostuvo el jefe de Gabinete.

En tanto, Soria señaló que “desde el ministerio trabajamos en la Constitución de una unidad ejecutora para constituir un fondo de asistencia directa a las víctimas de trata, que tiene que ver con esa restitución de los derechos de las víctimas. Este fondo va a administrar todos los bienes que son sustraídos por medio a la justicia a las organizaciones delictivas que se dedican a la trata y a la explotación de personas”.

“El ministerio de Seguridad de la Nación fortaleció el área de trata, pasamos de una coordinación a una dirección, y fuimos trabajando en el sistema de información y datos, tanto en lo que hace a su consolidación cómo a su optimización”, sostuvo Frederic.

Asimismo, Arroyo, remarcó “en el ministerio trabajamos de forma muy articulada con el Comité, sobre todo en lo que hace a la restitución de derechos, en lo que refiere a la vivienda, al ingreso y con generar condiciones para el trabajo. Lo que buscamos es acompañar en función de lo que define el comité, con acciones rápidas y con articulación en las distintas provincias”.

Por su parte, Vera destacó que el plan tiene que ver con tres ejes fundamentales. El primero, “es profundizar el seguimiento en la ruta del dinero de las redes de trata, tanto laboral como sexual, y esto significa un trabajo de cooperación intenso con la AFIP y la UIF; el segundo es la restitución de derechos y para eso hay que crear los programas para garantizar vivienda, trabajo, educación, salud, acompañamiento y terapéutico”

Y por último, agregó Vera “el tercer eje es la articulación federal. Este comité no va a ser una oficina que va a estar dirigiendo desde la Capital Federal, lo que ocurre en el territorio nacional. El comité tiene presencia en todas las regiones del país porque esta es una pelea que tenemos que dar de Ushuaia a la Quiaca, es una lucha por los Derechos Humanos, por la restitución de la vida, de la libertad y dignidad de las personas y con ese enfoque la hemos abordado”

El plan contempla la realización de un estatuto especial de acceso a la vivienda; el fortalecimiento de los planes de apoyo; la extensión de los tratamientos psicológicos y/o psiquiátricos para cada víctima de acuerdo a su necesidad y la incorporación de las víctimas de trata laboral rural como sujetos de derecho en la reglamentación de la ley de agricultura familiar para el acceso a tierras fiscales y programas del INTA, entre otras acciones.

Asimismo, comprende la reparación mediante bienes incautados a las redes de trata ad referéndum de la sentencia judicial definitiva y el fortalecimiento y puesta en funcionamiento del fondo fiduciario para disponer de los bienes decomisados en beneficio de las víctimas de trata.

El plan además pone el foco en la profundización de las investigaciones sobre las redes de trata, siguiendo la ruta del dinero con la colaboración activa de la UIF y la AFIP en las investigaciones y querellas ante la justicia, para de esta manera establecer las conexiones entre los delitos de trata y lavado de activos, a fin de promover ante la justicia el decomiso de los fondos de estas redes para reparar a las víctimas de explotación.

En otro orden de cosas, prevé capacitaciones y políticas de prevención en materia de tráfico de órganos, tejidos y fluidos, en colaboración estrecha del Comité con las autoridades del INCUCAI y avanzar con el parlamento en la tipificación de los delitos de compra y venta de bebés, niños y adolescentes.

Contiene un capítulo dedicado a la reconstrucción de la presencia del estado en el ámbito rural para prevenir la trata laboral, el trabajo forzado y la explotación infantil, la realización de mapeos de zonas conflictivas y la promoción de auditorías en las cadenas de valor para avanzar en certificaciones de productos que sean libres de explotación.

Se enfoca además en el fortalecimiento institucional promoviendo la federalización del trabajo en red mediante la constitución de redes interinstitucionales del Estado nacional y los Estados provinciales, acuerdos con los municipios y con organizaciones de la sociedad civil.

Del encuentro participaron de manera virtual, representantes provinciales del Consejo Federal de Trata y Susana Trimarco, presidenta de la Fundación María de los Ángeles.