El fiscal federal Guillermo Marijuán pidió desestimar la denuncia que habían hecho Elisa Carrió y tres diputados de la Coalición Cívica por “envenenamiento” contra el presidente Alberto Fernández, el ex ministro de Salud, Ginés González García, y su sucesora en el cargo, Carla Vizzotti, por la compra de la Sputnik V.

“Dada la emergencia de salud pública declarada en nuestro país y habiéndose expedido en sentido positivo los organismos competentes para la adquisición y distribución de la vacuna rusa conocida como Sputnik V, esta representación del Ministerio Público Fiscal no encuentra elemento alguno que habilite a esta parte a continuar con una investigación de índole criminal con relación a los sucesos traídos a conocimiento por los aquí́ denunciantes”, dice el dictamen al que tuvo acceso Infobae.

En diciembre, Carrió había presentado una denuncia penal junto con tres diputados de su bloque por la falta de información respecto de las gestiones, contratación y firmas de contratos con el gobierno ruso para la compra de la vacuna. “Estamos ante una operación comercial sin precedentes, redireccionada a un oferente cuyo producto no sabemos si será apto para humanos de entre 18 a 60 años, pero que sí sabemos, no lo será para cumplir –de momento– la finalidad de proteger a los adultos mayores”, plantearon los denunciantes en ese momento.

Concretamente, la denuncia pedía que se investiguen las acciones del Presidente, el entonces ministro de Salud, y de Carla Vizzotti, “por la adquisición de una partida de vacunas, sin haber agotado sus tres fases de ensayos y sin haberse publicado en revistas científicas sus conclusiones, siendo que la supresión de etapas y requisitos impuestos a nivel local y mundial no admitirían la posterior autorización de la ANMAT para su distribución y uso”.

La denuncia original planteaba un abanico posible de delitos como atentado contra la salud pública; defraudación al Estado, e incumplimiento de deberes de funcionario público. En un apartado, en el marco de las “acciones peligrosas” contra la salud pública, la presentación hablaba del potencial envenenamiento de la población.

Luego de la feria judicial de enero, Marijuán le solicitó a la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) toda la documentación relativa a la adquisición, distribución y eventual aplicación de la Sputnik V. Por su parte, el Ministerio de Salud informó que los contratos celebrados para la compra de vacunas habían sido remitidos a la Auditoria General de la Nación y al Congreso.

Con la información disponible, el fiscal, el mismo que hizo la primera denuncia penal por el escándalo del vacunatorio VIP, concluyó que la aprobación del “Plan de Vacunación” en nuestro país, frente a la pandemia del covid-19, “se llevó́ a cabo en el marco de un acto administrativo válido, contando con la intervención de todas las áreas pertinentes para ello”. Y agregó que “las gestiones de adquisición, su aprobación y contratación, se ajustaron a las recomendaciones que fueron realizadas, tanto en el orden internacional como en el ámbito local, por los máximos organismos competentes en materia sanitaria”.

Hace dos semanas, el presidente Alberto Fernández había mencionado la denuncia en su contra. “Hasta hace veinte días yo era un envenenador serial, y ahora resulta que me piden por favor que consiga veneno para todos los argentinos”, expresó irónicamente el jefe de Estado en una conferencia de prensa que dio en Tucumán.