Por Graciela Fernández Meijide, ex senadora nacional y dirigente de los DDHH Presidente del Club Político Argentino.

En plena dictadura militar, quienes militábamos en los organismos defensores de los Derechos Humanos, recurríamos a las embajadas- Suecia, Holanda, Canadá, Francia, Estados Unidos- tanto para denunciar desapariciones como para pedir asilo para presos políticos. Cualquier gesto que indicara comprensión y solidaridad con tanto sufrimiento era recibido como un vientito de esperanza.

Cuando fue electo en Estados Unidos James Carter, su política de defensa a nivel internacional de los Derechos Humanos nos abrió una puerta para denunciar ante la Comisión de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA.

Curiosa situación nos tocó vivir: por un lado recibíamos a Patricia Derian, Secretaria de DD.HH. de Carter o a la delegación de Amnesty International y. por el otro, teníamos que discutir con miembros del Partido Comunista (PC) que estaban junto a nosotros en alguna de las organizaciones, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos por ejemplo, quienes argumentaban que la visión y acción- para ellos sesgadas, por cierto- del gobierno de Estados Unidos se dirigían a deteriorar a la Unión Soviética a la que el PC defendía ciegamente con enorme dependencia del Moscú de entonces.

En 1979 hizo su visita in situ la CIDH, aumentaron las demandas de verdad y justicia, no logramos recuperar la vida de quienes ya no estaban pero aprendimos todos lo que significaba perder nuestros derechos en manos de autócratas y cómo organizarnos para pedir apoyos.

En estos días leímos una declaración que relativiza el informe de Michelle Bachelet quien, en su rol de Alto Comisionado de las Naciones Unidas, denuncia al gobierno de Nicolás Maduro por las reiteradas violaciones a los Derechos Humanos que padece el pueblo venezolano. El que descree de la honestidad intelectual de la ex presidente de Chile es Carlos Raimundi, representante ante de la OEA del gobierno que preside Alberto Fernández.

¿Olvidaron ambos que, por sostenido impulso de Argentina, la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada fue ratificada en 1994, el mismo año en que la Constitución reformada incorporaba a su cuerpo todos los tratados internacionales, de Naciones Unidas sobre libertades, torturas, etc firmados desde 1983 en adelante?

Podría escribir páginas sobre distintas sociedades que recuperaron sus derechos y libertades gracias a la acción de organismos de intervención internacional. Y esto es así porque duramente se aprendió que, como señala en su documento el Club Político Argentino “una dictadura, abierta o solapada, no importa en nombre de qué ideología lo haga, es una afrenta para todos los seres libres de la Tierra”.

Señor Presidente, con el mayor de los respetos por usted y su investidura, le pido que reemplace al actual representante en la OEA. No honra la lucha por la vigencia de los Derechos Humanos que otros libraron en su nombre.