El Defensor del Pueblo bonaerense, Guido Lorenzino, aseguró este miércoles que «la idea es relocalizar a las personas en sus lugares de origen», en relación a quienes ocupan un predio en la localidad de Guernica, luego de que la Justicia pospusiera el desalojo para el 1 de octubre.

«Más allá de que no estamos de acuerdo que el tema esté judicializado, el juez tiene buena voluntad para acompañar las decisiones de la Provincia», expresó Lorenzino y, además, destacó que «las personas están en la toma por una necesidad social, no por un delito».

La decisión del magistrado de hacer lugar a la solicitud del ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, con el objetivo de ganar tiempo para «continuar negociando una salida sin violencia», se formalizó luego de la reunión que mantuvo la Mesa de Articulación; mediador entre el Gobierno bonaerense, el municipio y los vecinos.

No obstante, Lorenzino reconoció que si bien la fecha planteada por el juez de Garantías, Martín Rizzo, es el 1 de octubre o supletoriamente los días 2 y 5 de ese mes, «seguro va a llevar más tiempo» y aclaró que «la salida es a través de una política pública».

«Planteamos la no judicialización de la toma y estamos en contra de la intervención de la fuerza de seguridad porque los propietarios reclaman algo legítimo, que son sus terrenos, pero tienen que entender que esa respuesta no es inmediata», agregó el Defensor del Pueblo de la Provincia.

No obstante, en diálogo con Diputados Bonaerenses, Luis Macías, vecino de la localidad de Guernica, expresó que «lo único que necesitamos es el papel con el sello original para que podamos seguir acá, porque queremos seguir habitando este lugar, somos gente de la zona y no existe un mandamiento de posesión que justifique que la tierra que ocupamos tiene dueño».

Además, Macías aseguró que, pese a la intención del Gobierno de la Provincia de prorrogar el desalojo, no se le ofreció alguna otra alternativa y señaló que «en concreto todavía no tenemos firmado nada, pero vamos a seguir dialogando para encontrar una solución».

La toma se desarrolla desde julio pasado en un predio de unas 100 hectáreas que fue ocupado por unas 2.500 familias y la Mesa de Articulación, integrada por organismos estatales, organizaciones sociales, la Defensoría y los propios vecinos, lleva diez días trabajando para lograr que el desalojo se realice en forma pacífica.