«Cuando el Senado argentino rechazó, por un estrecho margen, el proyecto de ley para despenalizar y legalizar el aborto en 2018, Argentina perdió una oportunidad histórica para lograr avances significativos en la protección de derechos sexuales y reproductivos». Así comienza el informe que presentó este lunes Human Rights Watch, y que exhorta al presidente Alberto Fernández a presentar el proyecto de legalización al Congreso.
«El rechazo de este proyecto de ley ha dejado a las mujeres, niñas y personas gestantes en Argentina, particularmente aquellas con bajos ingresos y quienes viven en zonas rurales, con acceso limitado al aborto, lo cual afecta gravemente su vida y su salud», sigue el informe de la organización internacional de derechos humanos, con un título muy claro: «Es hora de saldar una deuda. El costo humano de las barreras al aborto legal en Argentina».
El trabajo, una exhaustiva investigación de casi 100 páginas, da un marco histórico, legal y social de la situación del aborto en el país. Explica los alcances del Código Penal, da estadísticas de intervenciones, internaciones hospitalarias, muertes, habla de los procesos y los encarcelamientos a mujeres que han abortado.
También detalla el proyecto de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito, presentado ocho veces en el Congreso, y lo que fue el debate que se dio en el sociedad a partir de 2018. Habla de pañuelos verdes y celestes, sus manifestaciones y demandas.
“Desde que el Senado argentino rechazó, por un pequeño margen, el proyecto de ley de 2018, miles de mujeres y niñas se han visto forzadas a elegir entre tener que superar obstáculos abrumadores para acceder a un aborto legal o recurrir a abortos clandestinos, muchos de los cuales se practican de manera insegura y ponen en riesgo su salud y sus vidas”, asegura José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch.
“La pandemia de Covid-19 y el confinamiento impuesto para evitar su propagación han exacerbado las restricciones al acceso a los servicios de salud reproductiva. Ante este escenario, legalizar el aborto es más urgente que nunca”, agrega.
El informe está basado en múltiples entrevistas y datos aportados por especialistas: «Los abortos inseguros pueden causar problemas de salud a corto y largo plazo, e incluso la muerte. En 2018, el Ministerio de Salud de la Nación reportó 35 muertes causadas por abortos, las cuales representan 13 % de las muertes maternas. Muchas de estas muertes podrían evitarse. Según estadísticas oficiales, 39.025 mujeres y niñas ingresaron en hospitales por complicaciones de salud relacionadas con abortos en 2016. El 16 % tenían entre 10 y 19 años».
Impactan las voces de mujeres que cuentan las dificultades para interrumpir sus embarazos; «Las personas gestantes experimentan una serie de obstáculos cuando intentan acceder a un aborto, incluso si es legal bajo las causales previstas en el marco jurídico actual. Las interpretaciones del alcance de las causales son, en algunos casos, restrictivas y discrecionales. La criminalización del aborto también genera miedo a la persecución penal y estigmatiza la práctica, lo cual afecta tanto a profesionales de la salud como a las personas gestantes».
