En un hecho histórico, más de 150 organizaciones de todo el país se unieron para reclamar la sanción urgente de una Ley Nacional de Cupo e Inclusión Laboral Travesti-Trans que incluya y repare la violencia estructural que pesa sobre esta población y acordaron los ejes fundamentales de una futura norma para que contemple un cupo de empleo en el ámbito público, incentivos para la contratación en el sector privado, apoyo financiero a proyectos productivos y no discriminación por identidad y expresión de género en el ámbito laboral.

Las organizaciones manifestaron que «sólo un 10% de la población travesti y trans está empleada formalmente. Ésto demuestra que la discriminación por identidad de género es una barrera sistemática para el derecho a un trabajo digno. La prostitución funciona como único destino posible para personas travestis y trans, muy lejos de ser una opción entre otras. Debe ser el propio Estado quien se posicione a la cabeza de un proceso de construcción de ciudadanía de derechos plena».

Esta iniciativa que conjuga centralmente organizaciones de la comunidad travesti trans, de lesbianas, gays, bisexuales e inter-sex con una perspectiva federal, a las que se suman sindicatos, espacios partidarios, y organizaciones de derechos humanos, entre otras, se reconoce en los legados de las referentas travestis Diana Sacayan y Lohana Berkins y bajo la consigna «¡Sin demora #CupoLaboral #InclusiónLaboral travesti trans ahora!».

«Impulsamos esta Ley como una medida de acción afirmativa consagrada en la Constitución Nacional, que corrija y repare la discriminación hacia el colectivo travesti-trans y remueva a través del acceso al trabajo, eje de nuestras vidas, las violencias extremas que resultan inadmisibles en un sistema democrático», concluyeron las organizaciones.

En la última década, el movimiento LGBTI logró diversas conquistas, entre las que se destaca la Ley 26.743 de Identidad de Género. Además, existen antecedentes de las leyes de cupo e inclusión laboral en las Provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Chubut, Chaco y Río Negro. A ésto se suman más de 30 municipios en todo el país, universidades nacionales, la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual y, más recientemente, el Banco de la Nación Argentina.

En el documento de consenso, las organizaciones entienden que «es el momento oportuno de sancionar una Ley Nacional de Cupo e Inclusión Laboral Travesti-Trans, atendiendo a estas historias de vida atravesadas por la violencia, la discriminación, la exclusión social, la persecución policial, los crímenes de odio y la falta de oportunidades para acceder a la educación, la salud y la vivienda».