La jueza federal cordobesa Cristina Garzón de Lascano dictó un nuevo procesamiento, con prisión preventiva, para el dictador Jorge Rafael Videla y el ex comandante del tercer cuerpo de Ejército, Luciano Benjamín Menéndez, junto a otros cuatro represores por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar.

La resolución -difundida ayer por el Centro de Información Judicial (CIJ)- también alcanzó a los represores Alberto Carlos Lucena, Jorge González Navarro, Héctor Hugo Lorenzo Chilo y Jorge Eduardo Gorleri, a quienes la magistrads les imputó el homicidio agravado del militante del PRT-ERP, Osvaldo Sigfrido De Benedetti.

En el procesamiento, dictado con la intervención de la secretaria Mirta Liliana Rubin, la magistrada también explicó que los ex jerarcas militares, cuyos bienes embargó en 200.000 pesos, se enfrentan a la "posibilidad concreta de purgar -en breve- una abultada condena privativa de libertad en un establecimiento penitenciario".

En las 45 carillas del fallo, a las que tuvo acceso, la jueza recordó que la víctima era un "dirigente del PRT-ERP, detenido en Tucumán en el año 1974, y sucesivamente trasladado a diferentes cárceles del país - entre ellas Rawson y Sierra Chica".

De Benedetti "fue conducido a la Unidad Penitenciaria de Barrio San Martín de esta ciudad, junto a una veintena de detenidos" en febrero de 1978, "con motivo de la visita de autoridades nacionales que concurrirían a la fiesta nacional del Trigo en Leones" para "garantizar con su vida la ausencia de atentados subversivos".

Según las constancias del expediente, De Benedetti fue retirado de la cárcel "por personal del área 311 (organizada con el alegado propósito de combatir la subversión) el 3 de julio de 1978, para aparecer muerto por heridas de bala de guerra en el Hospital Padilla de Tucumán" dos semanas después.

Los jerarcas de la última dictadura militar argumentaron que De Benedetti murió en un episodio registrado cuando "había intentado escapar mientras se realizaba una inspección de un supuesto depósito de armas en una picada que une las localidades de Caspichango y Potrero Negro en la Provincia de Tucumán".

Garzón de Lascano explicó que desde altas esferas del Ejército, conforme a órdenes impartidas por Videla y decisiones adoptadas, descendiendo en la cadena de mandos, por Menéndez- y por la cúpula de la Brigada Cuarta de Infantería Aerotransportada, se habría amparado en la "ley de fuga" para encubrir el homicidio del detenido.