Desde el inicio de la cuarentena social, colectiva y obligatoria, el Gobierno se puso a disposición de las empresas que se vieron obligadas a suspender sus actividades. ¿El problema? Al no haber ingresos, al no facturar, a muchos se les hacía difícil -casi imposible, cumplir con pago del 100% de los salarios.

Por un lado, el decreto 376 establece que el Estado pagará la mitad de los sueldos a los trabajadores del sector privado (con un tope de $33.750) y la reducción de los aportes patronales, entre otros puntos. Según datos del Gobierno, la contribución estatal impactará en 1.600.000 trabajadores de 160.000 empresas y ésto frenó algunas tensiones y negociaciones entre empresarios y sindicalistas. Claro: ¿para qué firmar por un pago del 70, 80% si el porcentaje podría mejorarse? Si ahora los empresarios cuentan con la ayuda del Gobierno para abonar las remuneraciones.

Por otro, el decreto 329, que prohíbe los despidos y suspensiones, pero en la misma norma permitía suspender si era fruto de un acuerdo individual o colectivo (como dice el artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo).

Entonces, si el Estado se hacía cargo del 50% de los sueldos (razonaban los sindicalistas), los empresarios podían mejorar los porcentajes de los salarios pactados según el artículo 223. En la mayoría de los acuerdos se estaban firmando rebajas salariales de entre el 30% y el 40%.

Con respecto a las rebajas salariales, según informó La Izquierda Diario, en sectores importantes de la industria, ya se sienten: el sector automotriz (41%), mecánicos del Smata (25%), para los empleados de Autopistas Urbanas, petroleros (de entre 30 y 32%), la UOM (por arriba del 30%), compañías aeronáuticas (hasta el 50%) y casas de comidas rápidas, muy por encima de los porcentajes que habían cerrado ya hace tiempo para paritarias.

Según Infobae, la CGT planteó que si el Estado pagará el 50% de los salarios de quienes están hoy sin tareas, el otro 50% podrían abonarlo las empresas para que los trabajadores puedan percibir sus salarios completos. Sin embargo, la UIA dijo que no sería justo que un empleado que no está trabajando cobre lo mismo que alguien que está cumpliendo sus tareas. Moroni, que participó de la cumbre de hace algunos días junto a Kulfas, propuso que las tres partes definieran entonces un piso de porcentaje salarial, entre el 50% que proponen algunos sectores empresarios, y el 100% que pretenden los gremios.

El Gobierno, la UIA y la CGT quedaron en seguir conversando sobre los temas pendientes. Hay empresarios y sindicalistas convencidos de que Alberto Fernández podría resolverlo con un nuevo decreto.