Tras la suspensión de la polémica modificación a la Ley 7.722 que permitía el uso de determinadas sustancias químicas para la explotación minera, organizaciones ambientalistas de Mendoza aseguraron que la medida no es suficiente y exigen la derogación.

El gobernador Rodolfo Suárez convocó a un debate multisectorial para volver a analizar el tema y no descartó llamar a una consulta popular, tras resaltar que personalmente lo que más desea es «cuidar el agua».

La docente e integrante de la Asociación Popular por el agua del departamento Las Heras, María Teresa Cañas, dijo que “no le creen” al mandatario provincial.

“Con no reglamentarla no basta, queremos la derogación de la Ley 9.209, que es la modificación de la 7.722. Ésta es la única que nos garantiza que no se usen venenos en la explotación minera”, añadió.

El secretario general del gremio docente, Sebastián Enríquez, sostuvo que es “importante lo del gobernador, ya que reconoce que no tiene la famosa licencia social por haber ganado las elecciones”.

“Admite que tiene que haber una discusión, algo que debería haber convocado desde el primer momento, y que para nosotros ya estaba saldada con la Ley 7.722”, señaló.

Luego, apuntó contra Suárez: “Nos trató de mentirosos. Lo primero que tiene que convocar es a la asamblea por el agua. Despertamos y construimos conciencia durante años”.

Las marchas programadas continuarán en toda la Provincia, pese a la suspensión de la ley. La magnitud del rechazo, que generó masivas movilizaciones callejeras, hasta pone en serio riesgo la realización de la tradicional Fiesta de la Vendimia.