La fiscal que investigó la muerte del periodista Juan Castro requirió el juicio oral para los cinco médicos que estaban a cargo de su internación por su adicción a las drogas, acusados de no haber proporcionado un tratamiento adecuado para evitar el consumo de cocaína que derivó en su muerte.

En caso de que los médicos sean condenados como responsables de su muerte, ser convertiría un caso que sentará jurisprudencia ya que lo habitual en estos episodios es que a los profesionales se los demande por "mala praxis".

Fuentes judiciales informaron hoy a la agencia oficial de noticias Télam que la fiscal de instrucción porteña Estela Andrades de Segura presentó el requerimiento de elevación a juicio ante la jueza Fabiana Palmaghini.

La fiscal pidió que se juzgue por el delito de "homicidio culposo" —que tiene una pena de 6 meses a 5 años de prisión—, al psiquiatra personal de Castro, Rubén Lescano; al director médico de la Clínica Santa Rosa donde el paciente estuvo internado, Carlos González; dos médicas de dicha institución, Alejandra Abbene y Diana Musache; y un psiquiatra de la obra social del periodista, Alexis Mussa.

Para la fiscal quedó acreditado que Castro no tuvo intención de suicidarse aquel 2 de marzo de 2004 cuando se arrojó del balcón del departamento del primer piso de El Salvador 4753 del barrio de Palermo, lo que derivó tres días más tarde en su muerte por las lesiones craneoencefálicas sufridas.

Según las fuentes, Andrades considera que aquel día Castro sufrió un cuadro de "delirio fatal agitado" provocado por consumo de cocaína que lo llevó a sufrir alucinaciones y a arrojarse por el balcón.

La fiscal considera que Castro llegó a esa situación por la negligencia de los cinco profesionales procesados en la causa, ya que en lugar de estar en su casa, de alta, debería haber estado internado por el cuadro de su adicción que lo hacía peligroso para sí y para terceros.

El más comprometido es el psiquiatra Lescano quien, de acuerdo a la acusación fiscal, desde que en julio de 2003 se hizo cargo del paciente, no realizó los tratamientos convencionales para este tipo de caso -la internación prolongada-, sino que aplicó técnicas alternativas que resultaron poco efectivas.

Asimismo, la fiscal aseguró que entre imputado y víctima no había una relación normal de médico-paciente, sino un alto grado de dependencia del periodista hacia el médico e incluso hay testimonios que llegaron a mencionar una relación más íntima con salidas nocturnas y regalos incluidos.

La representante del Ministerio Público también cuestionó el desempeño de Lescano en lo que fue la última internación de Castro en la clínica Santa Rosa, el 21 de febrero de 2004.

Aquel día, Lescano ordenó la internación de Castro por abuso de sustancias al considerar que era peligroso para sí y para terceros y volvió a Cariló, donde estaba de vacaciones.

A los dos días, por insistencia del propio paciente y sus familiares, Castro fue derivado al Sanatorio Otamendi para una consulta clínica, con el fin de hacerse un chequeo por una afección cardíaca.

Cuando fue consultado vía telefónica de esta situación, Lescano dijo que había dejado de ser el médico tratante por decisión del paciente, algo que quedó asentado en la historia clínica, pero que de acuerdo a lo investigado por la fiscal es una irregularidad ya que, por su estado, Castro no estaba en condiciones de suspender la relación con su terapeuta.

Después de los estudios en el Otamendi, Castro se retiró a su domicilio cuando era responsabilidad de Lescano y de los otros médicos imputados que continúe internado por su estado psiquiátrico ya que era peligroso para sí y para terceros.

En el caso de González, Abbene y Musache, como director médico, médica de guardia y coordinadora médica de la clínica Santa Rosa respectivamente, la fiscal los responsabiliza del traslado irregular de Castro al Otamendi -ni siquiera se hizo en ambulancia con un supervisor-.

También les imputa no haber procurado que, tras esa interconsulta, el paciente regresara a su internación y no haber denunciado esa situación a la Justicia Civil.

En el caso de Mussa, el médico psiquiátrico de la obra social Médicus que vio a Castro cuando estuvo en el Otamendi, Andrades le atribuye la responsabilidad de no haber arbitrado las medidas necesarias para su reinternación psiquiátrica luego de los chequeos clínicos.