Si la oposición logra que el Congreso sancione por ley la emergencia alimentaria, Mauricio Macri no la vetará. Así lo confirmaron a Clarín dos ministros del Gabinete y referentes legislativos que participan de las negociaciones con la oposición.

El Gobierno sigue defendiendo en público su posición, a pesar del reclamo de las organizaciones sociales, la Iglesia y los intendentes del peronismo bonaerense. Sostienen que la emergencia alimentaria está vigente por la sanción de la ley de emergencia social, en 2016, y que el Ejecutivo nacional y los provinciales tienen las herramientas para ajustar y reasignar partidas.

El titular de Diputados, Emilio Monzó y el jefe de bloque del PRO, Alvaro González, mantuvieron conversaciones con Agustín Rossi. El ministro del Interior Rogelio Frigerio también sigue de cerca los movimientos. “Si la ley descomprime, bienvenida”, razonan en el ala política del macrismo.

El jefe del bloque del FPV expresó públicamente su posición y le tendió un puente al oficialismo. “El Gobierno tiene las herramientas necesarias. No hace falta una ley”, explicó. En privado reclamó a sus interlocutores la necesidad de un gesto. “No puede ser que cuando parece que se estabiliza la macro, dejen la pelota picando de la emergencia”, reclamó en privado el diputado kirchnerista.

El “gesto” que reclama el santafesino es considerablemente inferior a los más de $ 8 mil millones que tendría como costo el proyecto que presentó el Movimiento Evita y también empuja Daniel Arroyo, que suena como posible ministro de Desarrollo Social en un hipotético gobierno de Alberto Fernández.

La Casa Rosada, por ahora, considera que sus acciones para contener la demanda de alimentos fueron suficientes. Desde 1 de septiembre, el ministerio que encabeza Carolina Stanley reforzó la compra de alimentos por sistema de emergencia y compras abreviadas. Los 10 millones de kilos por mes que el Ejecutivo reparte en 800 mil módulos aumentarán un 40 por ciento.

Además, aumentaron un 43% el valor de las raciones de comedores comunitarios y merenderos, que tiene un costo de $30. Algunos funcionarios destacan que el monto alcanza, pero reconocen que el cupo de beneficiarios que rondan los 150 mil podría aumentar un 20 por ciento.