La intención es votarlo a mediados del mes próximo. Pero aún hay dudas de que hará Diputados con el proyecto.
El oficialismo se entusiasma con que ya para mediados de marzo tenga media sanción en el Senado la ley de financiamiento político, iniciativa que impulsa la Casa Rosada y cuenta con el aval de un sector clave del PJ. “La intención es que salga el mes que viene del Senado para que en abril Diputados la pueda sancionar”, dijo a Clarín Federico Pinedo, presidente provisional de la Cámara alta.
El problema es que en la Cámara baja el panorama asoma turbio. Hasta en el propio Gobierno consideran hoy por hoy incierta su aprobación en la Cámara baja.
Para poder aplicarse este año la ley -habilita los aportes de empresas a las campañas y transparenta el financiamiento de los partidos políticos- debería estar aprobada en mayo, a más tardar en el arranque de junio.
Según informó la agencia Télam, en su discurso del próximo viernes de apertura de sesiones ordinarias del Congreso Mauricio Macri pediría por el tratamiento de esta ley, que se encuentra empantanada desde el año pasado.
En las últimas semanas senadores, diputados y también funcionarios mantuvieron reuniones e intercambiaron borradores y sugerencias.
El trabajo en espejo es porque la intención es que lo que apruebe el Senado sea votado sin que se le toque una sola coma en Diputados para, así, garantizar su pronta sanción.
De esas conversaciones han participado el senador peronista Dalmacio Mera, las diputadas Graciela Camaño y Silvia Lospenatto, el apoderado de la UCR Mariano Genovesi y el secretario de Asuntos Políticos del Ministerio del Interior, Adrián Pérez, entre otros.
En el Senado el proyecto tuvo dictamen en noviembre pasado. Algunas de las sugerencias que en las últimas semanas hicieron llegar desde Diputados serán incorporadas ahora en la iniciativa.
Por el apuro, se quieren hacer esos cambios no en una reunión de comisión sino directamente en el recinto, en una sesión prevista en principio para mediados de marzo.
El proyecto con dictamen en la Cámara alta fija la bancarización de los aportes. Hasta ahora, la mayoría de las contribuciones a los partidos políticos se realizaba cash, lo que abre las puertas al lavado de dinero y entorpece el control de su origen y destino. El cambio apunta a que tanto los aportes como los gastos queden registrados.
El punto más controvertido de la ley es que se levanta la prohibición para que las empresas privadas puedan aportar a las campañas electorales. El texto con dictamen fija que las fuerzas políticas no podrán recibir de una misma empresa, ni persona, un monto superior al 5% del costo de su campaña.
Todavía no está cerrado, pero ahora se discute reducir ese porcentaje al 2%. El peronismo quiere que se habilite a los gremios a hacer aportes.
El año pasado Elisa Carrió tuiteó contra la ley y logró postergar su tratamiento, que había sido incluida para ser tratada en el período de sesiones extraordinarias.
En caso de tratarse ahora en Diputados, la Coalición Cívica acompañaría la ley, aunque se abstendría en el artículo que habilita los aportes de empresas privadas.
Sin los 10 votos que suma el bloque de Carrió – ni tampoco los del kirchnerismo y los de la izquierda-, igual en el Gobierno estiman que la iniciativa cosecharía apoyos suficientes para ser aprobada: el resto de Cambiemos, el PJ Federal, el massismo y otras fuerzas están a favor.
Por los escándalos de los Cuadernos de las coimas y de los aportantes truchos de Cambiemos, varios sectores políticos insisten en avanzar con la ley. Gracias a los votos de Cambiemos y de al menos parte del bloque del PJ, en el Senado el proyecto tendría su aprobación garantizada.
En Diputados también estarían los votos, pero el problema es otro: el clima que se vive en la Cámara baja. Existe una fuerte tensión entre Cambiemos y los bloques de la oposición. El oficialismo teme llamar a sesión y que los opositores busquen avanzar con la anulación del DNU de Extinción de Dominio o la suba de tarifas de los servicios públicos.
De no aprobarse la ley, Macri firmaría un decreto para bancarizar los aportes.
