Desde el FpV-PJ ya anunciaron que irán a la Justicia si la regulación se sanciona. Fue la presidenta del bloque kirchnerista en Senadores, Teresa García, quien reclamó un tratamiento por separado y en profundidad.

 

“El proyecto es claramente inconstitucional porque busca eludir el artículo 37 de la Constitución de la provincia, que dice taxativamente que no se puede regular los juegos de azar para su explotación privada, ni tampoco respetan el destino de los fondos recaudados. El texto que mandaron es muy deficiente”, aseguró García.

 

“Pero además están escondiendo un negocio dentro del debate por el presupuesto, porque saben que es un escándalo lo que están haciendo. La gobernadora Vidal siempre dijo que luchaba contra el juego, pero de la noche a la mañana decide respaldar el sistema de las apuestas online que va a terminar convirtiendo cada casa en un casino”, advirtió.

La “Regulación del juego online” figura en el Título VIII, entre los artículos 145 y 170. Según el texto, el Instituto Provincial de Loterías y Casinos podrá compulsar siete licencias para explotar las modalidades “online”, “electrónica” e “interactiva”.

Cada pliego será un “título habilitante” y cada operador deberá responder por las demandas técnicas y de software y colaborar con la erradicación de la ludopatía y el juego ilegal. Los interesados deberán, además, residir en la provincia e inscribirse en Ingresos Brutos.

Mientras desde el Ejecutivo no explican cómo se arribó al número de siete pliegos, como en todo lo referido al juego, sobrevuela el fantasma de Daniel Angelici. Si bien se supone que el “Tano” está en retirada de los bingos, algunos no descartan un regreso triunfal en este relanzamiento de los juegos de azar.

 

«Antes de este proyecto, coincidíamos con el gobierno provincial en la erradicación del juego clandestino. Sin embargo, hoy tenemos miradas diferentes sobre esto. Nosotros como oposición seguimos convencidos que es el Estado el encargado de poner fin a estas prácticas ilegales. Algo que ya no estaría considerando la gobernadora», abrió sus declaraciones el senador del PJ Unidad y Renovación, Luis Vivona.

Y continuó: «El gobierno provincial, ya desde la campaña, hacía foco en la ilegalidad y nocividad del juego para la salud de los bonaerenses; ahora busca su legalización para solventar las cuentas públicas que hoy no cierran. Y en el medio quedan las personas que sufren de ludopatía; la cual se estaría fomentando para su ampliación, con las consecuencias totalmente negativas que eso significaría para quienes sufren esta patología».

 

El trabajo también señala que en lo que va del año se recibieron 852 llamadas de jugadores o sus familiares pidiendo ayuda por su adicción. En ese marco, desde varios sindicatos denuncian un desmantelamiento de los Centros Provinciales de Atención de las Adicciones.