No opinan igual que la ministra de Seguridad,quien apuntó al kirchnerismo, dirigentes cercanos a la gobernadora mira como aliados a intendentes opositores y a los líderes de las organizaciones sociales a la hora de contener los desbordes. Además, Vidal adelantará el operativo de contención social de cada fin de años. Mientras tanto, los intendentes del PJ enviaron un documento con medidas a Macri.
El gobierno provincial, sin dudas, deberá acompañar en sus cuentas los recortes y el ajuste que impulsa la Nación a partir de la crisis económica y la corrida del dólar. Sin embargo, intenta desplegar una suerte de «política contracíclica» en el área social.
Suba del dólar. Inflación descontrolada. Suba de naftas. Nuevos aumentos de los servicios públicos. Tensión en la cadena de pagos. Noticias sobre intentos de saqueo.
Este combo hizo que María Eugenia Vidal adelantara el operativo de contención social que la gobernación bonaerense despliega cada fin de año.
A partir de los intentos de saqueo, la gobernadora y sus funcionarios pidieron a los intendentes del PJ y a los referentes de organizaciones sociales que los mantuvieran al tanto de cualquier foco posible de conflicto.
A diferencia de la tesis sostenida por la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich , que apuntó al kirchnerismo tras los últimos incidentes, el grueso de la tropa de Vidal mira como aliados a los intendentes opositores y a los líderes de las organizaciones sociales a la hora de contener los desbordes.
El ministro de Seguridad de Vidal, Cristian Ritondo, se encarga de coordinar un operativo en el que trabajan las distintas fuerzas policiales y que apunta principalmente a aumentar los patrullajes en torno a los hipermercados cercanos a barrios humildes (ver aparte). «Estamos en estado de alarma», señalan en el gobierno, para corregir: «Estamos todos conectados».
Además, la Nación ya analiza el el documento que elaboraron los intendentes del país agrupados en la Federación Argentina de Municipios (FAM) y los dirigentes de la CGT. Son seis puntos de medidas que le piden al Gobierno.
Firmado por un centenar de jefes comunales, en el texto reclaman la declaración de emergencia social, alimentaria y tarifaria, la emergencia productiva, la restitución del Fondo Federal Solidario, critican desaparición de las carteras de Salud y Trabajo como ministerios y piden la emergencia en seguridad, además de la «plena vigencia del Estado de derecho» y «cesar con las condenas mediáticas».
