Una ex empleada del Instituto Nacional de Juventud (organismo dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación) fue despedida en abril y denunció una defraudación al Estado por parte de sus superiores. La acusación se basa en que, según los registros oficiales, figuraba que su sueldo era de 150 mil pesos, mientras que el salario que ella percibía era de 10 mil. La denuncia formulada por Rosaura Ciprés salpica al subsecretario de Juventud Pedro «Piter» Robledo, director del ente y una de las caras jóvenes más conocidas de Cambiemos.

Ciprés se enteró de la situación cuando fue a la ANSES a tramitar el monotributo social y le dijeron que no podía acceder a esa figura fiscal por el monto que cobraba. Su abogada, Micaela Wohn, le adelantó a PERFIL que no descartan iniciar acciones por violencia de género. “Por ahora iniciamos acciones penales en el fuero federal, porque se trata de dinero del Estado. Pero existe la posibilidad de una presentación por los tratos agresivos que tenía Robledo”, puntualizó la letrada en diálogo telefónico con este medio.

Wohn ratificó a ese medio que la acusación es directamente contra el funcionario, por tratarse de su director en el ámbito laboral. Fuentes del Gobierno le respondieron que la acusación es una operación para ensuciar al Robledo. «Un director nacional no se encarga de pagar sueldos, eso tiene que ver con recursos humanos. Los funcionarios solo dan de alta o de baja”, explicaron ante la consulta. Además, agregaron que no hubo ningún perjuicio al Estado, dado que nadie cobró ese dinero que figuraba como supuesto excedente. «El error ya fue subsanado y los fondos fueron absorbidos por el propio Ministerio», aseguraron. «Un director nacional no se encarga de pagar sueldos, eso tiene que ver con recursos humanos.

Los funcionarios solo dan de alta o de baja” Sobre las acusaciones de violencia de género, la directora de Directora de Inclusión Joven, Camila Crescimbeni, le contestó a PERFIL: «Acá el 70% del personal es femenino. Si hay alguien que lleva adelante la causa de acompañamiento y empoderamiento de la mujer es Pedro». Crescimbeni aseguró que se trata de una «campaña sucia». En su acusación, Rosaura agregó que al momento de ser despedida estaba embarazada. Si bien desde el Gobierno aseguraron que ella nunca notificó de su situación, Wohn explicó que ella había llevado un certificado. “Es verdad que Rosaura no tiene una prueba que acredite que ella notificó de su embarazo. Simplemente, llevó su certificado pero, como no estaba asesorada legalmente, no sabía que tenía que presentar un doble certificado o un contradocumento con acuse de recibo”. Según la versión de Ciprés, este acto «de buena fe» le habría jugado en contra. Respecto de la modalidad de trabajo, Wohn aclaró que su clienta no tenía horarios fijos, sino que trabajaba por objetivos en acciones sociales.