La iniciativa en cuestión propone modificar el artículo 3 de la Ley 17.565 que regula el funcionamiento de esta actividad, volviendo a la doctrina tradicional -que estuvo vigente entre 1905 y 1991, cuando fue derogada por un decreto del ex presidente Carlos Menem- que produjo un servicio eficiente, sin grandes sobrecostos, con diversificación, calidad técnica y una red de miles de propietarios.

Con ese objetivo, el proyecto de Espinoza añade al artículo mencionado que “es atribución de los gobiernos de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires limitar la autorización a instalar farmacias según los propietarios sean sociedades anónimas, sociedades de responsabilidad limitada o sociedades colectivas cuando no estén integradas totalmente por profesionales habilitados para el ejercicio de la farmacia”.

De este modo se resuelve el debate respecto de si es la Nación o son las provincias las encargadas de regular quién puede ser propietario de una farmacia.

Para que la legislación sea coherente, propone también derogar el artículo 13 del decreto 2284/91 o de Desregulación económica, que indica que “cualquier persona física o jurídica de cualquier naturaleza podrá ser propietaria de farmacias, sin ningún tipo de restricción de localización”.

En esa dirección, se subraya el hecho de que el medicamento es un bien social que integra el derecho a la salud (como prescribe el artículo 36 de la Constitución de la provincia de Buenos Aires) y por lo tanto su comercialización debe ser regulada.

Por otra parte, se remarca que debe ser reglada racionalmente la instalación de farmacias para que estén distribuidas en todo el territorio sin que una empresa de mayor envergadura desarrolle prácticas predatorias mediante una competencia agresiva que destruya a los pequeños y luego lucre con un mercado cautivo, cuasi monopolizado.

Como es de público conocimiento, se trata de un conflicto actual que requiere una solución urgente al calor del intento de desembarco de la empresa Farmacity S.A. en la provincia de Buenos Aires de la mano de su creador y actual vicejefe de Gabinete, Mario Quintana, en lo que representa u nuevo caso de conflicto de intereses hacia el interior de la alianza Cambiemos.

Ante el avance de esta empresa, el proyecto de Espinoza apunta a defender a las casi cinco mil mini pymes – todas ellas propiedad de farmacéuticos- que brindan el servicio de farmacia en todo el país.

El proyecto fue girado a las comisiones de Acción Social y Salud Pública y de Legislación General, ambas presididas por diputados de Cambiemos que aún no lo ha puesto a consideración de sus colegas, a pesar de la urgencia que reviste el asunto.