Se acaba de lanzar la carrera por uno de los bastiones más codiciados en la Justicia y para la política por su alcance estratégico: el juzgado federal con competencia electoral de la provincia de Buenos Aires. El concurso para ocupar la vacante con mayor injerencia en el proceso eleccionario del distrito que concentra el 40% del padrón, fue puesto en marcha por el Consejo de la Magistratura, que deberá ahora llevar adelante el proceso para escoger tres candidatos. Nada debiera evitar que este año, el presidente Mauricio Macri estampe su firma en el envío del pliego para que el Senado ratifique quién será el magistrado encargado de velar por los comicios en 2019, que en tiempos electorales, está a la vuelta de la esquina. El PJ se frota las manos ante la posibilidad de incluir esa vacante en el pliego de condiciones por la negociación de Inés Weinberg de Roca para la Procuración General. Esa nominación ya le ha costado al Presidente una batería de promesas a los senadores de la oposición, únicos garantes del pasaporte final de los elegidos.

El Consejo también tomó una decisión trascendental que podría tener réplicas: dividió la competencia electoral de la faceta penal del Juzgado Federal N°1 con asiento en La Plata. Habrá un magistrado encargado de los delitos penales y desde ahora, otro que se abocará exclusivamente al control de las elecciones en todo el territorio bonaerense. La política mira con fruición la posibilidad de que ese esquema se replique en otras provincias con cabecera electoral como Córdoba o Santa Fe. Un desdoblamiento en los principales distritos garantizaría un cambio de caras y también más cargos puestos en juego en las estratégicas secretarias electorales.

El juzgado electoral de La Plata está vacante desde el 2014, tras el fallecimiento del histórico Manuel Blanco. El kirchnerismo intentó ocuparlo con el secretario Laureano Durán que se mantuvo firme durante los comicios del 2015- pero que tenía fecha de vencimiento tras el denominado fallo «Uriarte» en el que la Corte fulminó la modalidad de cobertura de vacantes bajo la Ley de Subrogancias K. La jueza María Servini lo reemplazó en esa responsabilidad y se convirtió en la magistrada más poderosa a nivel electoral con los dos principales distritos del país a su cargo. Se fue dando un portazo y denunciando presiones oficiales para apartarla. La mayoría oficialista del Consejo de la Magistratura hizo su propio experimento con el juez federal de Tres de Febrero Juan Manuel Culotta que no contaba con ninguno de los requisitos necesarios para su traslado a esa vacante. Era auspiciado por la mesa judicial del Presidente y llegaba de la mano del Secretario de Legal y Técnica, Pablo Clusellas. Finalmente, y pese a los reclamos opositores, cumplió su tarea durante las legislativas de 2017 sin sobresaltos, aunque renunció a continuar por desavenencias en el plus salarial que le había sido prometido por tener doble función. El jugado electoral más importante del país quedó nuevamente acéfalo y con coberturas rotativas de los magistrados platenses que controlan los juzgados subsiguientes.

Sin hacer olas, el Consejo de la Magistratura en el dictamen N°71/17 resolvió dejar sin efecto el sorteo de jurados que venía de arrastre de 2014, accedió a la «separación» de la competencia electoral del juzgado N°1 por ser un «fuero especializado». La Comisión de Selección consideró «particularmente necesario» hacer en Buenos Aires la distinción, territorio donde actúan 72 partidos políticos con representación reconocida. El nuevo juez se encargará de todos los aspectos atenientes a su funcionamiento y además la fiscalización de aportes y gastos de campaña, piedra de toque a nivel nacional de todas las fuerzas. El Gobierno y los empresarios pretenden agregarle una complejidad: que las personas jurídicas puedan ser aportantes a candidatos siempre y cuando no sean beneficiarios de obra pública y licitaciones. El 17 de mayo se puso en marcha el concurso con el llamado a integración del jurado, con Daniel Rafecas y Alejandro Tazza como los jurados jueces, con Andrés Basso y Patricia Llerena como suplentes, además de los docentes de las Facultades de Derecho de las Universidades Nacionales. La nómina comenzará a delinearse entre el 11 y el 15 de junio, tras lo cual deberán presentarse al examen escrito, el 22 de agosto.

Será el puesto más gravitante con miras a 2019- a nivel judicial y político junto a la esperada cobertura de la vacante de la Cámara Nacional Electoral que ya está en el escritorio de Macri.

Fuente: Ámbito.com