Por Alejo Otaño

La diputada porteña Myriam Bregman, el diputado nacional Leo Grosso y
Juan Grabois de la CTEP se dieron cita para exponer y dialogar sobre la
situación de los Derechos Humanos durante el gobierno de la Alianza
Cambiemos, y reconstruir la «dimensión histórica de las políticas represivas», a decir de los organizadores

Los datos hablan por sí solos: según la CORREPI, durante el gobierno de Macri muere una persona cada 23 horas en manos del Aparato Represivo del Estado; durante la década kirchnerista lo hacían cada 28, y se llevan contabilizadas 5462 muertes
desde 1983.

El paso del tiempo no hizo mella en los métodos y prácticas utilizados por las
fuerzas, pero sí hubo movimientos de otro tipo. Myriam destacó «la continuidad
de la Doctrina de Seguridad Nacional de los setenta y su idea del enemigo
interno, pero hoy en día condensado en la figura del mapuche, y en el llamado
“Pibe Chorro”.

«Ambos reúnen rasgos particulares y prejuicios que los
convierten en el prototipo de ciudadano vulnerado en la Argentina de hoy», en
palabras de Grosso.

Grabois, por su parte, trazó un paralelismo entre la idea del descarte material
(se aprobó esta semana la ley que permite la incineración de basura en CABA)
y el descarte “humano”, millones de personas que no tienen lugar en el sistema
de producción actual, excluidos y relegados a la periferia de las ciudades y la
sociedad.
De tal forma, tanto la “violencia por acción” como la “violencia por omisión”, en
palabras de Grabois, son formas de gestión estatal de éste descarte humano.
Es preciso entender a la violencia por acción como actuaciones directas del Estado mediante sus fuerzas de represión, y a la violencia por omisión como la
violencia ejercida por otros sectores de poder (el más claro, el narcotráfico)
quien es a su vez amparado por el gobierno de turno.

La violencia genera más violencia, y una de las respuestas más repetidas -y
marketineras- por parte de las autoridades es aumentar el número de efectivos,
su presupuesto y protocolos de acción. Argentina triplica la cantidad media de
policías cada cien mil habitantes que registra la ONU, en base a estadísticas
del Ministerio de Seguridad.

Pero los altos presupuestos y autogobierno de las fuerzas de seguridad no
resultan en bajas de las tasas de criminalidad y crimen organizado sino todo lo
contrario: crecen a la par, y “no podrían hacerlo de otra manera”, en palabras
de la Diputada porteña. La relación entre fuerzas de seguridad y crimen
organizado es estrecha, ya que se privilegian las ganancias espurias por sobre
el bienestar de la población, quien finalmente padece los altos niveles de
inseguridad.

Sin dejar que ganara el pesimismo, los tres coincidieron en que lo principal es
la unidad de acción en las calles, como forma de frenar el avance de las
políticas represivas y el retroceso en materia social y laboral. Las jornadas de
lucha en diciembre contra la reforma previsional demostraron que esa unidad
es posible y necesaria; y que es imperativo impedir que la coyuntura electoral
acapare los intentos de articulación entre los distintos sectores del campo
popular, que se plantan en pie de lucha y en las calles contra las políticas de
ajuste.

fuente: http://www.correpi.org/2018/un-muerto- cada-23- hs/