La iniciativa presentada plantea un Estado garante de la práctica de la interrupción voluntaria del embarazo, la intervención de un equipo interdisciplinario de contención y la creación de un Registro Estadístico que permita un seguimiento y la posibilidad de realizar políticas públicas en base a datos oficiales. “El proyecto que presentamos suma al de la Campaña Nacional artículos clave para alcanzar una ley más abarcativa, que marque claramente los pasos a seguir ante la decisión de interrumpir el embarazo. Creemos que es fundamental que se establezca un equipo de contención, que el Estado sea garante y que las obras sociales realicen la cobertura integral de las prácticas médicas necesarias” señaló Acerenza y agregó “Decidimos también establecer, teniendo en cuenta la legislación sobre el tema en distintos países, un periodo de 3 días de reflexión irrenunciable para la persona gestante, además de incluir el derecho a ejercer la objeción de conciencia para profesionales de la salud”. 

El debate comenzó en el plenario de las comisiones de Legislación General; Legislación Penal; Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia; y Acción Social y Salud Pública de la Cámara de Diputados y contará con exposiciones de distintos actores sociales. 

“Trabajamos para lograr un proyecto que reúna y condense los resultados de un debate serio, profundo y responsable. Estamos ante una oportunidad única para despenalizar el aborto, no podemos dejar que sigan muriendo mujeres por realizárselos clandestinamente, la realidad nos impulsa a promover un Estado presente, activo y garante de la vida de esas madres que toman la decisión de interrumpir su embarazo”.