Con el objetivo de presentar la situación de violencia y discriminación hacia lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex y el marco de derechos que protege a la diversidad sexual, 100% Diversidad y Derechos se presentó como “Amigo del Tribunal” ante la Cámara de Apelaciones, presentando fundamentos de hecho y de derecho para que se dicte el desprocesamiento de Mariana Gómez.

Greta Pena, presidenta de 100% Diversidad y Derechos explicó que el Amicus Curiae presentado ante la Cámara de Apelaciones se fundamenta en que “el procesamiento por resistencia a la autoridad de Mariana Gómez resulta de interés para toda la sociedad ya que esta en juego el deber del Estado –del que forma parte el Poder Judicial -, de evitar y proteger a las personas contra todo acto de discriminación por orientación sexual”.
Desde la organización señalaron la “selectividad del personal del subterraneo y policial para elegir –en base a un prejuicio lesbofobico y machista - a Mariana Gómez y su esposa entre decenas de ciudadanos que estaban realizando el mismo acto, en el mismo lugar”.

Finalmente, Pena sostuvo que el procesamiento de Mariana “criminaliza su orientación sexual” por lo que espera que “la justicia haga un análisis estricto de los hechos, de cuenta del contexto de violencia y discriminación hacia las lesbianas y todas las normas y recomendaciones nacionales e internacionales que las protegen, e identifique el fin ilegitimo y el desproporcionado e irracional accionar de las fuerzas de seguridad y dicte el desprocesamiento de Mariana”.

El escrito sostiene que las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex (LGBTI) o aquellas percibidas como tales, integran un grupo vulnerado con altos índices de padecimiento de violencia y con importantes barreras en el acceso a los derechos, en base a pretextos discriminatorios basados en su orientación sexual, identidad de género y/o expresión de género. En ese sentido, señala que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) afirmó que se trata de “personas que han sido históricamente víctimas de discriminación estructural, estigmatización, diversas formas de violencia y violaciones a sus derechos fundamentales”.

Además, el documento destaca el Informe "Violencia contra Personas Lesbianas, Gay, Bisexuales, Trans e Intersex en América", de la CIDH en el cual se sostiene que la violencia por prejuicios hacia la orientación sexual "tiene un impacto simbólico, y envía un mensaje de terror generalizado a la comunidad LGBT". Y puntualiza que "se dirige, entre otros, a las demostraciones públicas de afecto entre personas del mismo sexo y a las expresiones de “feminidad” percibidas en hombres o “masculinidad” en mujeres. La violencia se puede manifestar en el uso de la fuerza por parte de agentes de seguridad del Estado, encargados de hacer cumplir la ley amparados en normas sobre la “moral pública”.
En síntesis, el escrito identifica a las lesbianas como un grupo poblacional vulnerado por la discriminación, razón por la cual los Estados y la comunidad internacional emitieron variadas declaraciones, resoluciones y recomendaciones – que se citan - para prevenir y tratar las situaciones de violencia y discriminación por orientación sexual e identidad de género y solicita al tribunal sean tenidas en cuenta en la consideración de la apelación al procesamiento por resistencia a la autoridad de Mariana Gómez.

En nuestro país, existen antecedentes recientes de actuación abusiva y discriminatoria contra las mujeres lesbianas por parte de la policía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, provinciales y municipales.
Asimismo, ese mismo escrutinio estricto debería ser el norte del análisis al sopesar los actos de violencia dirigidos hacia Goméz por parte del personal policial, a la vez de tenerse en cuenta el impacto que produjeron sobre esta mujer, en su condición e historia. Resulta fundamental, también, introducir los relatos acerca de modo y el lenguaje tipicamente lesbofóbico utilizado por los integrantes de la fuerza de seguridad, que también se extendió al desconocimiento y maltrato hacia su conyuge.

La organización defensora de los Derechos Humanos de la diversidad sexual también convoca a acompañar a Mariana en la audiencia ante la Sala 6 de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional que decidirá sobre su procesamiento, el próximo martes 27 de febrero a las 09hs. en la puerta de la Cámara, Viamonte 1147, casi esquina Libertad, en la Ciudad de Buenos Aires.