Hasta la década de 1980, los gendarmes eran considerados militares de segunda: los parias del Ejército, tomando mate en el puesto fronterizo. Luego se transformaron en SWAT. Finalmente, tras el caso Maldonado, han sido asociados por buena parte de la opinión pública a un grupo de tareas de la dictadura militar o a la Campaña del Desierto. Esto afecta la imagen institucional que construyó a cambio de beneficios simbólicos y materiales: la fuerza encaró desde fines de la década de 1980 una transformación mayor que implicó su democratización y profesionalización. Este proceso estuvo guiado por dos ejes: la exculpación de su rol represivo en la dictadura militar y diferenciación del Ejército, y la disposición a erigirse como fuerza de seguridad militarizada, pero confiable para el poder político legítimo; como mencionaba un comandante a fines de la década de 1990, el gendarme era un "verdadero soldado de la ley".

La Gendarmería se benefició de las demandas de mayor seguridad y la necesidad de poner coto a las mafias policiales que extorsionaban a la política, y pasó a ser el "comodín" de la seguridad. Pericias forenses e inteligencia que probaban los crímenes policiales y la represión de piqueteros y desocupados se vieron premiados con misiones de paz en el exterior, patrullaje urbano, mayores partidas presupuestarias y prestigio social.

Todos los gobiernos renovaron este pacto, redoblando la apuesta en la Gendarmería hasta duplicar su personal entre 2004 y 2014. Este crecimiento implicó enormes desafíos para la fuerza y sus propios integrantes. El primero de ellos, reconvertir su imagen e identidad militares; el segundo, capacitarse para sus numerosas tareas cerca de la población y lejos de las fronteras.

Pero el temor que continúa suscitando en las comunidades indígenas la presencia de la Gendarmería está fundado en una relación histórica mediada por la violencia y el prejuicio, y la persistencia de prácticas represivas con y sin instrucción judicial, guiadas a menudo por sentimientos racistas y un nacionalismo equívoco, que no han desaparecido según se observa en los videos del desalojo en Cushamen.

La existencia de un desaparecido en el marco de un operativo de Gendarmería y las irregularidades no aclaradas en el procedimiento, que afectaron drásticamente su imagen, deberían alertar sobre la necesidad de revisar el alcance de los acuerdos, el sentido del espíritu de cuerpo y los límites de la obediencia.