Los ministros del Gabinete son un fusible que puede saltar para que no se queme el Presidente. Ese es parte del sentido de que un jefe de Estado tenga colaboradores a tiro de decreto. Y bien lo sabe Patricia Bullrich, que fue ministra de Trabajo de Fernando de la Rúa en medio de la crisis de la Banelco en 2001. Y que ahora, después de 16 años, es nuevamente blanco de cuestionamientos.

La ministra de Seguridad se convirtió en la funcionaria más criticada por la oposición al Gobierno de Cambiemos. Desde la izquierda más dura, pasando por el kirchnerismo y llegando a sectores moderados como el massismo, todos coinciden en que desde la desaparición de Santiago Maldonado se limitó a ejercer una defensa lisa y llana de la Gendarmería, señalada por el hecho.

¿Es realmente así? En principio, Bullrich sostiene que no hay pruebas que vinculen a la fuerza de seguridad con la desaparición del joven artesano, una afirmación que le sirve para argumentar los motivos por los cuales no desplazó a los gendarmes que participaron del operativo un mes atrás en inmediaciones de Esquel (Chubut). Ese razonamiento es compartido por la Casa Rosada.

De hecho el jefe de Gabinete, Marcos Peña, aseguró el miércoles pasado -en el informe ante la Cámara de Diputados- que no se podía “tirar a los gendarmes por la ventana” si luego el Gobierno pretende que “se jueguen la vida” en el combate contra delitos como el narcotráfico. El propio Peña fue ayer el encargado de ratificar la continuidad de Bullrich como ministra de Seguridad.

La funcionaria ya había sido confirmada por el presidente Mauricio Macri, en una conversación reservada entre ambos el viernes por la tarde. De ese modo, el mandatario cortó los rumores que ventilaban cierto enojo interno con Bullrich por el manejo del caso Maldonado, que no atinó a contener a la familia del desaparecido y mucho menos a los organismos defensores de derechos humanos.

Pero que haya hecho una defensa cerrada de la Gendarmería, no significa que Bullrich descartara ninguna hipótesis de investigación. Tanto es así, que los teléfonos celulares de los 150 integrantes del escuadrón de Esquel están en poder de la Policía Federal para ser peritados. Entre ellos, los especialistas ponen especial atención en los 40 que participaron del operativo el 1 de agosto.

Con esos aparatos, los investigadores pueden trazar un mapa del movimiento de los gendarmes y compararlo con los de Maldonado, cuyo teléfono celular estaba radicado en Chile. Aunque el día posterior a su desaparición habría sido encendido y captado por una antena de la compañía Movistar de este lado de la Cordillera, aunque a notoria distancia del lugar de los acontecimientos.

Si bien los cuestionamientos más fuertes están dirigidos a Bullrich, la actuación de la Justicia también está bajo la lupa. La fiscal federal Silvina Avila pasó -en pocos días- de caratular la causa como “desaparición forzada” a emitir un documento en el cual advirtió que no hay pruebas para incriminar a la Gendarmería. Las idas y vueltas parecen fogoneadas por presiones cruzadas.

Por caso, en el oficialismo hacen notar que la segunda de la fiscalía de Esquel es Rafaella Riconno, una militante de la agrupación Justicia Legítima, vinculada al kirchnerismo. Pero los abogados de la familia Maldonado y otros de fuerzas de izquierda -que el viernes estuvieron en la marcha masiva en la Plaza de Mayo- sostienen que la fiscal Avila pudo haber sido presionada en sentido inverso.

SILENCIO PRESIDENCIAL
La politización del caso es evidente. La oposición a Cambiemos explota -en mayor o menor medida- la falta de sensibilidad que exhibe el Gobierno frente a la desaparición de Maldonado. Sin ir más lejos, el presidente Macri no ha dicho una sola palabra al respecto. En la antesala de una nueva elección, la más interesada en poner en evidencia esta situación es Cristina Kirchner.

La ex presidenta retomó su estilo habitual para esta segunda etapa electoral de 2017. Se mostró más combativa en el acto que encabezó en La Plata y se sabe que la bandera de los derechos humanos le es afín. En este trance, le sirve agitarla para tratar de captar el voto de izquierda que naturalmente no se dirigiría a la alianza Cambiemos en un contexto de polarización absoluta.

En la Unidad Ciudadana estiman que tienen que llegar al 40% de los votos en las legislativas de octubre si quieren garantizar un triunfo de Cristina Kirchner sobre Esteban Bullrich. Para ello, cuentan con quitarle dos puntos porcentuales a las distintas facciones de izquierda, otros tres a Florencio Randazzo y uno a la dupla Massa-Stolbizer, acicateando con el discurso anti-macrista.

También Cambiemos calcula que de llegar al 40% de los sufragios, tendrá al alcance de la mano la jubilación política de Cristina Kirchner. Claro que los estrategas de la coalición de gobierno hacen su propia cuenta: consideran probable que un 3% llegue desde el massismo, otro 1% del frente justicialista de Randazzo y el resto de una mayor participación a la que se registró en las PASO.

Las proyecciones de las fuerzas mayoritarias en la provincia de Buenos Aires son bastante prematuras y voluntaristas, pero no dejan de ser el plan de acción que se trazaron en el camino hacia las elecciones de octubre. Para alcanzarlo o estar al menos cerca de ese cometido, necesitan generar corrientes de opinión favorables. O poner una carga negativa sobre sus adversarios.

Las implicancias que conllevan la desaparición de Maldonado serán, en este aspecto, la mochila que deberán portar el presidente Macri y los candidatos de Cambiemos de no haber novedades antes de las elecciones. El oficialismo, a su vez, podrá reprochar al kirchnerismo y a fuerzas aliadas el enrarecimiento del clima político que se viene precipitando desde hace varias semanas.

En este contexto, algunos episodios no dejan de llamar la atención, como la irrupción de un hombre que saltó las rejas de la Casa Rosada horas después de la marcha por Maldonado o la de otro que se metió en la zona del helipuerto presidencial, ubicado detrás de la sede de gobierno. En la administración macrista decidieron actuar con firmeza frente a hechos de esta naturaleza.

Patricia Bullrich suele comunicar detenciones de personas que amenazan por redes sociales o vía telefónica al Presidente y a su familia. También ejecutó, en diversas ocasiones, operativos para despejar cortes de ruta, pese a que tuvo que archivar el “protocolo anti-piquetes” que anunció al comienzo de su gestión, cuando anticipó el endurecimiento que se venía a los juzgados federales.

En toda la zona petrolera de la Patagonia, tanto en la Cordillera como en el Atlántico, jueces y fiscales federales fueron anoticiados por funcionarios de Bullrich -entre ellos Pablo Noceti, su jefe de Gabinete- de que comenzaba una nueva etapa política y con ella un tratamiento diferente ante los cortes de ruta. Funcionarios de la petrolera nacionalizada YPF dieron cuenta de ello en 2016.

Por ello no es correcto el encuadramiento ideológico según el cual la ministra de Seguridad ataca a los mapuches que a su vez pelean por tierras que están en manos de potentados extranjeros como Benetton o Joseph Lewis, éste último un amigo personal del Presidente. En rigor, Bullrich aplica una política diametralmente opuesta a la del kirchnerismo, que no combatió los piquetes.

El aval presidencial a su ministra de Seguridad no debe interpretarse sólo en el plano político. El factor económico también es determinante en el pensamiento de Macri, según el cual un país que no combate la parálisis a su circuito productivo que imponen los cortes y piquetes, no garantiza las reglas de juego para la inversión, que desvela al jefe de Estado desde el minuto cero de su gestión.