Las negociaciones para que la Ciudad compre vacunas contra el coronavirus no está avanzando y Horacio Rodríguez Larreta ya recibió tres negativas por parte de laboratorios que “sólo le vende a Estados, no a provincias”. Sin embargo, desde el Gobierno porteño continúan intentando conseguir dosis y ahora tienen el visto bueno de la Legislatura porteña.

Los y las legisladoras aprobaron con 53 votos positivos y cuatro abstenciones (todas de los bloques de izquierda) una Ley que autoriza al jefe de Gobierno porteño a “iniciar negociaciones y celebrar los contratos necesarios” para la compra de vacunas contra el Covid-19, según consignó Parlamentario.

La aprobación se dio días después de que el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, obtuviera el mismo permiso por parte de la Legislatura provincial. Esta autorización resultó necesaria para que el Gobierno local pudiese “realizar las gestiones necesarias para adquirir mayor cantidad de dosis de vacunas, estableciendo el marco jurídico pertinente para avanzar en las negociaciones pertinentes que este tipo de transacciones requiere en el mercado internacional contra el coronavirus”.

La normativa establece que “las cláusulas o acuerdos de confidencialidad que se pudieran adoptar quedan expresamente exceptuados del deber de divulgación, de conformidad con lo establecido en el artículo 6 de la Ley 104” y le permitirá a Larreta incluir “en los acuerdos a suscribirse cláusulas de confidencialidad, condiciones de indemnidad patrimonial respecto de indemnizaciones y reclamaciones pecuniarias con y en favor de quienes participen en la investigación, desarrollo, fabricación, provisión y suministro de las vacunas”.

Para garantizar la transparencia de las negociaciones y compras que pueda llegar a realizar el Gobierno, se creará una Comisión Especial en la Legislatura para el seguimiento de los acuerdos aprobados y ante la cual el Ejecutivo deberá informar cada dos meses sobre las adquisiciones realizadas y la distribución territorial de las vacunas.

La comisión estará integrada por cinco diputados, los que serán designados por la vicepresidencia primera de la Legislatura y los miembros “que tengan acceso a información suministrada por el Poder Ejecutivo, adoptarán todas las medidas de seguridad necesarias para el resguardo de la información”.