El Concejo Deliberante aprobó la habilitación de un megaproyecto inmobiliario que se levantará en San Fernando con un plazo de obra de 9 años. El expediente N° 2796 señala la construcción de un barrio de lujo ubicado en la intersección de Uruguay y Panamericana Ramal Tigre, al costado de las vías del Ferrocarril Mitre. La obra implicará una inversión de 230 millones de dólares.

Se trata de ocho torres de casi 20 pisos de altura y ocho edificios de hasta 8 niveles, emplazados alrededor de una extensa laguna artificial de 21 mil m2 en altura y con más de 1.000 viviendas de entre 50 y 94 m2 cada una. Se calcula que albergará cerca de 4.000 habitantes, con una densidad de 426 habitantes por hectárea. Cinco veces menor que el de CABA.

El Código de Urbanización de San Fernando estipula un máximo de 15 metros de altura para el terreno y el proyecto planea alzar hasta 74 metros de hormigón. Por lo tanto, el Poder Legislativo local tuvo que aprobar la excepción. El oficialismo dio el aval con su mayoría automática.

La intención del PRO era de acompañar, pero en una reunión de bloque previa a la sesión el radicalismo línea Salvador negoció dejarlo en comisión.

Mientras que en Juntos por el Cambio (JxC) las posturas eran diversas. La intención del PRO era de acompañar, pero en una reunión de bloque previa a la sesión el radicalismo línea Salvador negoció dejarlo en comisión. Federico Fernández Storani, concejal de la UCR línea Posse, optó por rechazar la iniciativa por separado. Desde el bloque criticaron la falta de tiempo para estudiar el proyecto.

Uno de los miedos que existen en la oposición es que el cambio de zonificación provoque que otras empresas como Fate y Avon decidan irse del municipio, que necesita mantener sus fuentes de trabajo. En el mismo sentido, plantearon que para la construcción del barrio se contrate personal sanfernandino.

Alejandro Russoniello, dueño de la Fiduciaria Fideigestión S.A. (Fideicomiso Los Molinos) y propietario del predio que actualmente está ocupado por fábricas y depósito, ofreció una donación de $250 millones para el municipio, además de los impuestos de obra correspondientes a pagar.

El terreno es de 92.000 m2. La superficie cubierta estipulada de 212.000 m2 y la semicubierta, 35.000 m2. Esto da un total de casi 250 mil m2. El expediente aclara que se solo se utilizará el 28% del predio para el desarrollo de los edificios. El resto, agua y espacios verdes. No obstante, la constructora pidió libertad para que esa proporción pueda modificarse “por razones proyectuales”, siempre dentro de la absorción indicada por el municipio.