El proyecto para reformar la Ley de Glaciares ya desembarcó en la Cámara baja y abrió un nuevo frente de tensión política y ambiental. Tras haber conseguido media sanción en el Senado la semana pasada, la iniciativa comenzará a debatirse en la Cámara de Diputados en medio de advertencias opositoras sobre la posibilidad de que el oficialismo intente acelerar su dictamen.

La Cámara de Diputados convocó a una reunión conjunta de comisiones para iniciar el tratamiento de la modificación a la norma. Desde el oficialismo señalan que la intención es dar el puntapié inicial al debate y definir un cronograma de trabajo. Sin embargo, en distintos bloques opositores encendieron las alarmas ante la chance de que el proyecto pueda dictaminarse esta misma semana.

La citación formal incluyó el expediente dentro del temario, un punto que generó inquietud tanto en legisladores como en organizaciones ambientalistas. A partir de ese dato, comenzaron a organizar encuentros y acciones para intentar frenar lo que consideran una reforma que implica un retroceso en materia de protección ambiental.

La convocatoria fue fijada para este miércoles 4 de marzo a las 10 horas, en la sala 1 del segundo piso del Anexo “A” de la Honorable Cámara de Diputados. Se trata del expediente 0072-S-2026, correspondiente al proyecto girado en revisión desde el Senado que propone introducir cambios a la Ley 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial.

El plenario estará integrado por la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano y la Comisión de Asuntos Constitucionales. La conformación anticipa que el análisis no solo abordará cuestiones ambientales, sino también aspectos jurídicos vinculados al alcance de la norma. Durante la reunión se buscará delinear un plan de trabajo para examinar el texto aprobado por la Cámara alta, en lo que se perfila como uno de los debates más sensibles del año en términos ambientales y productivos.

La iniciativa llega a Diputados luego de haber sido avalada en el Senado. El texto aprobado allí incorpora modificaciones en el régimen de protección de glaciares y del ambiente periglacial, una legislación considerada estratégica dentro del sistema de presupuestos mínimos ambientales y clave para la preservación de reservas de agua.

Desde la oposición advierten que, aunque los libertarios transmiten en conversaciones informales que el encuentro del miércoles solo servirá para ordenar el cronograma —con una reunión informativa la próxima semana y un eventual dictamen más adelante—, la inclusión del expediente en la convocatoria habilita reglamentariamente la posibilidad de firmar despacho en esa misma reunión. En ese marco, Leonardo Grosso, ex diputado nacional y ex presidente de la Comisión de Recursos Naturales, afirmó que las organizaciones ambientales y distintos sectores políticos se encuentran “en situación de alerta” ante ese escenario.

El ex legislador también cuestionó el trámite que tuvo la iniciativa en el Senado. Según explicó, la convocatoria en la Cámara alta fue “escueta y con poco tiempo”, y varias de las modificaciones incorporadas durante el tratamiento en el recinto no habrían sido debatidas previamente en audiencias públicas. De acuerdo con su planteo, esos cambios se sumaron minutos antes de la votación y no atravesaron un análisis técnico profundo.

Frente a ese antecedente, distintos bloques opositores mantienen reuniones para intentar reunir una mayoría que impida que el dictamen avance esta semana. Además, se prevén encuentros con diputados, asambleas de organizaciones ambientalistas, actividades en distintas provincias y posibles movilizaciones frente al Congreso en los próximos días.

En paralelo, un grupo de legisladores encabezado por Maximiliano Ferraro presentó un pedido formal para que se convoque a una audiencia pública antes de que el proyecto obtenga dictamen en comisión. La solicitud fue acompañada por María Inés Zigarán, Carolina Basualdo, Pablo Juliano, Pablo Farías, Juan Brugge y Nicolás Massot.

En el planteo se invocan el artículo 41 de la Constitución Nacional, la Ley General del Ambiente y el Acuerdo de Escazú, normas que establecen la obligación de garantizar instancias de participación ciudadana cuando se trata de decisiones con posible impacto ambiental significativo. Según el escrito presentado ante las autoridades de comisión, al tratarse de una reforma que involucra presupuestos mínimos ambientales y reservas estratégicas de agua, resulta indispensable asegurar un debate amplio, plural y efectivo. Hasta el momento, no hubo una definición pública sobre si esa audiencia será incorporada al cronograma de tratamiento.