Los nuevos datos del INDEC confirmaron las sospechas respecto del Censo 2010 en La Matanza, que dieron origen a la denuncia judicial realizada en abril del año pasado por Diego Valenzuela y Guillermo Montenegro, intendentes de Tres de Febrero y General Pueyrredón respectivamente. “El Censo 2022 se transformó en un elemento probatorio clave para demostrar la adulteración de datos en la población de La Matanza en 2010”, señaló el mandatario.

La nueva información expuso una exagerada diferencia entre los habitantes que proyectaba tener La Matanza en 2022 (según el Censo 2010 eran 2.374.149 de habitantes) con respecto a la realidad (1.837.774). Esos 536 mil habitantes de más, y lo sucedido a lo largo de los 12 años, significarían unos 85 mil millones de pesos que se debían haber repartido entre todos los municipios pero que se coparticiparon a uno solo.

Además, Valenzuela pidió a la Justicia que se lo cite a declarar en la causa para exponer los perjuicios que tuvo Tres de Febrero por esta maniobra. “Según calculamos con mi equipo, nuestro municipio perdió unos 2 mil millones de pesos que equivalen a pavimentar 56 cuadras, renovar 25 plazas o colocar 5172 cámaras de seguridad”, aseguró. “Todo esto quiero exponerlo ante la Justicia para dimensionar el perjuicio que tuvimos los 134 municipios damnificados”, completó.

Por último, pidió que también se llame a declaración testimonial a Mauro Infantino y Federico Tíberti, quienes pusieron en evidencia las inconsistencias económicas respecto de la población de La Matanza. Las primeras dudas fueron inferidas por el poco porcentaje de vacunados contra el Covid-19 y la baja matrícula escolar respecto al resto de la región. Ahora, los datos del Censo 2022 muestran que, en realidad, no había menos vacunados, sino que la población total estaba inflada.

“Es importante para nuestra democracia que esta causa no se archive, que se siga investigando y que se sumen estas pruebas para que los 134 municipios perjudicados podamos recuperar lo que se nos quitó en 12 años. Sólo se puede avanzar en base a la verdad, a la transparencia y claridad de los datos”, expresó Valenzuela. “Adulterar datos ya no es un problema económico, sino que también es un problema institucional, ético y moral”, concluyó.