La Justicia está trabajando intensamente, con la colaboración y apoyo de la Municipalidad de Tres de Febrero, para la individualización de los autores de las reiteradas amenazas de bomba a escuelas que impiden cotidianamente el normal desarrollo de las actividades educativas en los establecimientos de este distrito. A la fecha, se están investigando 143 llamados de amenaza de bomba realizados al 911 y hay más 20 presuntos autores identificados (14 menores ya han sido citados a la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil).

En los últimos 60 días la Justicia realizó siete allanamientos en Tres de Febrero y dos en San Martín y se libraron oficios por los llamados. En cada caso se solicitaron detalles y origen de llamadas y se analizan los audios. De las personas individualizados por los hechos, un joven de 17 años resultó privado de su libertad por 5 días, y el resto (en su gran mayoría se trata de menores inimputables) seguirán siendo citados a la sede de la Fiscalía para tener entrevistas con trabajadoras sociales.

También se libraron oficios a la sección Tecnologías Aplicadas a la Investigación en Función Judicial, a través de la Delegación Departamental de Investigaciones, para solicitar a las compañías telefónicas información de titularidad, cruce de llamadas y listados de llamadas entrantes y salientes de los 30 celulares secuestrados por la Justicia. Por su parte, la Municipalidad evalúa cuantificar los gastos que estas falsas alarmas generan al erario público (en movimiento de equipos de seguridad, emergencias y defensa civil), y avanzar legalmente con reclamos civiles a los padres de los menores, quienes pueden ser considerados responsables de las acciones realizadas por sus hijos.

La problemática de las amenazas es un fenómeno que se da en el seno de la comunidad educativa y cuyos protagonistas son mayoritariamente adolescentes en edad no punible. Para el fiscal generl Marcelo Lapargo, “un enfoque óptimo de la problemática exigiría sea asumida con la gravedad que tiene por la comunidad educativa en pleno, por las autoridades a cargo del sistema escolar y por los padres”.

Valenzuela, por su parte, convocó a las madres, padres y docentes de adolescentes a conversar con ellos sobre las consecuencias de este tipo de acciones en lo cotidiano, en el futuro de cada joven y en el de la Argentina. “Ante la complejidad del problema, los adultos debemos trabajar en la familia y en la escuela para educar sobre lo que es importante a nivel humano y comunitario: ciudadanía y derechos, responsabilidad, diálogo, son valores del cambio cultural que la Argentina necesita. Los alumnos deben saber que con estas actitudes generan un daño muy grande a la comunidad educativa”, remarcó el intendente.

Mientras tanto, la Municipalidad continúa en diálogo permanente con las autoridades educativas a fin de encauzar esta problemática desde lo social y pedagógico y con el Ministerio Publico Fiscal para seguir la investigación en la medida en que las posibilidades legales lo permiten.