El megaoperativo de seguridad que el Gobierno porteño lanzó en distintos barrios populares de la Ciudad abrió una fuerte polémica. Mientras la gestión de Jorge Macri presentó el despliegue como una acción contra el delito y el narcotráfico, organizaciones sociales y referentes territoriales denunciaron persecución, hostigamiento y estigmatización contra vecinos de las villas.

El procedimiento, bautizado “Tormenta Negra”, alcanzó quince barrios populares y movilizó a más de 1.500 efectivos. Según datos oficiales, el operativo terminó con 27 detenidos, decenas de vehículos secuestrados y comercios clausurados. Sin embargo, desde las organizaciones comunitarias rechazaron el enfoque de la intervención y denunciaron un fuerte despliegue represivo.

“Un ejército de más de 1.500 fuerzas represivas, bajo falsos pretextos de operar contra infractores de tránsito, venta ambulante, control migratorio o guerra contra el narco nos persiguen, nos hostigan y nos criminalizan”, expresaron en un comunicado las agrupaciones nucleadas en Interredes Villeras, que reúne a asambleas y espacios comunitarios de las comunas 4 y 8.

Las organizaciones señalaron que el operativo apuntó contra trabajadores informales y familias de los barrios. Además, cuestionaron el trasfondo político de la medida. “Lo único que se está buscando con este megaoperativo es reprimir trabajadores y niños, quitándonos nuestra fuente de trabajo y militarizando nuestros territorios como estrategia para competir entre las dos fuerzas de la derecha”, afirmaron en el documento.

Las críticas también llegaron desde referentes religiosos con presencia histórica en las villas porteñas. El Padre “Toto” De Vedia cuestionó la modalidad del operativo y aseguró que la intervención tuvo más impacto mediático que resultados concretos. “Es más parecido a un show mediático que una acción real buscando eficacia en ordenar”, sostuvo durante una entrevista radial.

El sacerdote describió además situaciones de fuerte tensión dentro de los barrios. “Va acompañado de venir con armas largas y sacarle la comida a gente que está vendiendo. Se crea un clima de denigración a los villeros”, afirmó. De todos modos, aclaró que no rechaza políticas de seguridad y remarcó: “Nosotros apoyaríamos acciones concretas y reales”.

Desde sectores de la oposición también cuestionaron la magnitud del operativo. El diputado Itai Hagman remarcó la diferencia entre la cantidad de efectivos desplegados y el número de detenciones concretadas. Según indicó, solo 13 de los arrestos respondieron a causas penales. Además, denunció daños en viviendas y decomisos de mercadería perteneciente a trabajadores de los barrios populares.

Las organizaciones sociales reclamaron la intervención de organismos de derechos humanos, defensorías y legisladores para frenar nuevas intervenciones de este tipo. En el cierre del comunicado, Interredes Villeras pidió “detener esta arremetida, revertir esta campaña mediática estigmatizante y garantizar la no repetición de los hechos”.