Entre tantas noticias que se produjeron esta semana, hubo una especialmente llamativa que tal vez explique una parte de los equívocos de estos años. El jueves pasado, la doctora Fernández de Kirchner anunció que le aplicaría la ley antiterrorista a la empresa Donnelley por haberse ido del país de un día para el otro.
Entre tantas noticias que se produjeron esta semana, hubo una especialmente llamativa que tal vez explique una parte de los equívocos de estos años. El jueves pasado, la doctora Fernández de Kirchner anunció que le aplicaría la ley antiterrorista a la empresa Donnelley por haberse ido del país de un día para el otro. Según explicó entonces la Presidenta y muchos de sus colaboradores, Donnelley estaba vinculada a los fondos buitre y el cierre obedecía a una estrategia destinada a generar terror en la población. Semejante acusación merecía algún tipo de elemento probatorio convincente. La Presidenta lo explicó así.
“Cuando yo vi que una empresa, que (era) precisamente de Singer, tenía el 7 por ciento de esta empresas y en diciembre de 2013, a fin de este año que pasó, la transfirió a otro fondo de inversión, a BlacRock –o sea NML, de Paul Singer le transfiere a BlacRock, que es otro fondo de inversión– (y) que curiosamente este fondo de inversión se presentó como amigo como amicus curiae de la Argentina, en el juicio ante Griesa (se acuerdan lo que decía del policía malo y del policía bueno), y bueno hasta ese momento habíamos encontrado eso, hasta que aparece Donnelley. Entonces, lo llamé de vuelta al director de la AFIP y le digo ‘quiénes integran las empresas Donnelley y cuál es la situación, porque para que una empresa, de un día para el otro, despida, declare la quiebra y todo lo demás’. Y bueno, nos encontramos que Donnelley, que es una multinacional muy importante y que tiene una imprenta muy importante, en Garín, también el 60, 70 por ciento, está integrado por fondos de inversión. Y uno de los fondos de inversión es precisamente BlacRock, exactamente (a) la que Singer le había transferido, en otra multinacional, su participación. Como verán todo hace juego con todo, todo un entramado –yo diría– casi mafioso a nivel internacional y utilizo una palabra de entramado mafiosa, que utilizó Paul Krugman, conocido economista, que dice que hay una mafia internacional que hoy está manejando la economía del mundo. No lo digo yo, porque soy una argentina, además peronista por lo cual mi palabra no tiene el mismo valor que la de Paul Krugman, que es Nobel, que es norteamericano, que sabe un montón de economía y que habla de mafia financiera internacional, un pequeño grupo, un puñado de gente, que dirige los destinos de la economía mundial y que hoy se está produciendo”.
Como la prosa no fue clara tal vez convenga interpretarla un poco: la única prueba que permite vincular, hasta ahora, a Donnelley con los fondos buitre es que uno de los fondos de inversión que es dueño de la imprenta, a fines del año pasado le compró un 7 por ciento de otra empresa al fondo de Paul Singer. Obtener de ese dato la conclusión de la existencia de un complot para destruir un país es, como mínimo, audaz. Ningún editor de un diario –si tiene respeto por su trabajo– aceptaría que de ese indicio, sin ningún otro elemento, es desprenda esa conclusión.
Unos días después el mismo Gobierno admitió que no había motivos para acusar de terrorismo a Donnelley y se concentró en una denuncia penal por quiebra fraudulenta, como corresponde a una decisión tan sorpresiva y artera.
Desde el 2003 para acá, el Gobierno denunció una cantidad enorme de conspiraciones similares, con fundamentaciones que tenían la misma entidad que este. Un paro de un día de la CGT de Moyano, una manifestación, una huelga de gendarmes o policías, un escándalo por el ingreso ilegal de una maleta con dólares en un avión oficial, una causa donde termina procesado el vicepresidente, un estallido de furia en un tren, una revuelta masiva contra el aumento de tasas a las retenciones, una caricatura, un fallo sobre la Ley de Medios, un aumento de precios, una reunión de camaradería, una derrota electoral, un cambio de autoridades en el Congreso, no eran un paro, ni una manifestación, ni un escándalo, ni una causa judicial ni una caricatura: eran sucesivos intentos de realizar un golpe de Estado. De esa obsesión surgió la palabrita “destituyente” que ya es marca de época.
La historia se puede contar de dos maneras. Una: tenemos un gobierno eficiente que derrotó conspiraciones peligrosísimas, gracias a que estuvo atento, agazapado, y las denunció a tiempo. Dos: esas conspiraciones nunca existieron o, por lo menos, no en esa magnitud y entonces es lógico que las derrotaran, eran inventos que no podían triunfar porque, simplemente, no existieron. La sucesión de los hechos era siempre similar: el gobierno denunciaba, el conflicto terminaba –en general, mediante un acuerdo o por el paso del tiempo– y nunca, pero nunca, se presentaba ninguna prueba de ninguna conspiración, nadie terminaba siquiera con una denuncia penal. Era una sospecha, algo que se descontaba, una suspicacia y la sola expresión de una duda al respecto implicaba complicidad con el complot.
Es posible que eso le haya servido al Gobierno para galvanizar a la opinión pública y conseguir adeptos incondicionales, dispuestos a silenciar cualquier crítica, para no hacerle el juego al golpismo.
Pero quizá lo más delicado haya sido que, tal vez, se trató de errores de diagnóstico. Muchas veces, los conflictos que se mencionan no eran originados por complots sino por defectos de la realidad argentina –a veces las huelgas se disparaban por bajos salarios, un dibujo por la irritación de su autor, o la fuga al dólar por errores de política económica, o la negativa increíble del Gobierno a frenar la inflación cuando aún estaba a tiempo y así–. Y si el Gobierno reaccionaba a estos desafíos peleando contra fantasmas, quizá contribuyera a aumentar los problemas.
En el mundo hay gente mala, y existe el capitalismo salvaje, y hay inversores voraces y entramados mafiosos que se quieren quedar con todo lo que puedan. Pero un gobierno sabe, desde antes de asumir, que un país debe desarrollarse en medio de esa selva. Denunciarla tiene un sentido. Instalar el debate sobre cómo mejorarla es muy valorable. Pero explicar todo –o casi todo– en función de ese rasgo del sistema capitalista mundial parece más bien una excusa, una confusión o una coartada.
Hubo una época en que un gobierno del mismo signo político que este transformaba bolas de nieve en bolitas, las derretía. Es lo que ocurre cuando alguien acierta el diagnóstico y el tratamiento. En estos últimos años, en cambio, da la impresión de que, gracias a sucesivas teorías conspirativas que reemplazaron el diagnóstico correcto, las bolas de nieve han vuelto a crecer.
Todo –como se sabe– tiene que ver con todo.
