Las principales cadenas de supermercados del país dejaron sin efecto el aumento salarial correspondiente al mes de abril para sus empleados, a pesar de haberlo firmado en paritaria con el gremio de Comercio. La decisión se produjo luego de que el Gobierno, a través del Ministerio de Economía, se negara a homologar el acuerdo.

La negativa fue interpretada por los empresarios como una señal para no cumplir con el incremento. Así lo entendieron las firmas agrupadas en la Asociación de Supermercados Unidos (ASU), que transmitieron la decisión al resto del sector. La medida afectó a unos 120 mil trabajadores que no cobraron el aumento de 1,9% ni la suma fija no remunerativa que debía liquidarse ese mes.

El convenio firmado entre el gremio de Armando Cavalieri y las cámaras empresarias CAC, CAME y Udeca establecía una suba del 5,4% en tres etapas: 1,9% en abril, 1,8% en mayo y 1,7% en junio. Además, contemplaba tres pagos fijos de $35.000, $40.000 y $40.000, pensados como una compensación por la inflación del primer trimestre.

En el texto paritario, se incluía una cláusula que obligaba a las empresas a cumplir con lo pactado aun sin la validación formal del Ejecutivo. A pesar de eso, los supermercados liquidaron los sueldos sin los aumentos, lo que desató una fuerte respuesta sindical.

Desde el gremio de Comercio, que representa a más de un millón de empleados en todo el país, enviaron cartas documento a las cámaras empresarias. Exigieron que se respete el acuerdo. «Son subas que están muy por debajo de la inflación, moderadas, razonables y con sentido común. Acá el problema lo tiene el Gobierno, que se equivoca y pretende que se firmen disparates», respondió un directivo del sector en medio de la polémica.

El conflicto estalló justo después de una reunión en el Palacio de Hacienda entre el ministro Luis Caputo y representantes de las cadenas nucleadas en ASU. Según fuentes empresarias, Caputo les transmitió que el acuerdo “no va a ser homologado” por la Secretaría de Trabajo, a cargo de Julio Cordero.

El trasfondo de la medida responde a la estrategia oficial de controlar la suba de precios de productos de consumo masivo. Caputo presionó a los supermercados para que resistan lo que calificó como “aumentos desmedidos” por parte de las grandes proveedoras.

La decisión de desconocer la paritaria también generó divisiones entre los empresarios. Algunos sectores cuestionaron la postura oficial y aseguraron que el convenio no presionaba los precios. Al mismo tiempo, la medida agudizó la tensión entre la administración de Javier Milei y la CGT, que ya había realizado un paro nacional el 10 de abril.

El gremio de Cavalieri, uno de los pocos que había mantenido diálogo con el Gobierno, quedó en una posición incómoda. La falta de cumplimiento empresarial debilitó su posición frente a los trabajadores y expuso el límite del modelo negociador que había intentado sostener con la Casa Rosada.