El juicio por el caso Cuadernos avanzó con una nueva exposición de la acusación fiscal. Carlos Stornelli presentó un esquema que, según planteó, mostró cómo la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner recibió fondos ilegales en distintos inmuebles. Su requerimiento sostuvo: “La principal receptora resultó ser Cristina Elisabet Fernández, quien más allá de ser la Presidenta de la Nación Argentina, era quien tomaba posesión final de la mayoría del dinero otorgado por los privados”.

La exposición señaló al departamento de la calle Uruguay, en Recoleta, como uno de los principales puntos de acopio. Para la fiscalía, “específicamente se encuentra acreditado que Cristina Fernández recibió sumas de dinero en sus domicilios, y a través de Héctor Daniel Muñoz, de parte de los empresarios”. Muñoz fue secretario privado de Néstor Kirchner y figura como pieza central en la mecánica descripta por los acusadores.

La audiencia se desarrolló mientras la ex mandataria siguió la lectura por Zoom desde San José 1111, su residencia actual bajo arresto domiciliario por la condena en la causa Vialidad. En el tramo central de la jornada, los fiscales reafirmaron que “los eslabones convergen así en un solo punto”, en referencia a la entonces jefa de Estado.

El esquema presentado definió a Roberto Baratta como receptor inicial de los pagos, a Muñoz como intermediario y a Cristina Fernández como “destinataria final” del dinero. La fiscalía afirmó que varios imputados colaboradores “ratificaron la participación e intervención directa de la imputada en la recepción de los sobornos garantizados por los privados”.

Otro pasaje de la acusación remarcó que Cristina Kirchner “en definitiva, resultó ser la única con capacidad real y efectiva, para decidir cómo y qué hacer con la mayoría del dinero entregado en carácter de coimas” y que “ella recibió dinero de los empresarios para ejercer la influencia necesaria que le permitiera incidir a su favor”.

Entre los testimonios citados se destacó el del ex titular del OCCOVI, Claudio Uberti. En 2018 afirmó que subió al departamento de los Kirchner en Recoleta y vio alrededor de veinte valijas. Según declaró, Muñoz le explicó que el contenido tenía destino en la vivienda de la familia en Río Gallegos, donde existían “bóvedas que había comprado al Banco Hipotecario”. También mencionó bolsos pesados que, según dijo, se trasladaron hacia ese punto.

La fiscalía vinculó esas entregas con inmuebles utilizados por la ex presidenta, como la Quinta de Olivos, la Casa Rosada y el departamento de Juncal y Uruguay, señalado como epicentro del movimiento de dinero. Entre 2008 y 2010 se enumeraron pagos que, según las anotaciones del chofer Oscar Centeno, provinieron de empresarios como Carlos Wagner, Enrique Pescarmona, Juan Carlos de Goycoechea, Gerardo Ferreyra, Raúl Glazman, Ivánissevich, Romero, Vertúa y Dragonetti.

Cristina Kirchner respondió a los planteos con un descargo incorporado durante la audiencia. Allí expresó: “No han conseguido ni siquiera una mínima prueba que acredite los delitos que calumniosamente se me atribuyen”. También afirmó que no integró ninguna estructura ilícita y rechazó todas las acusaciones en su contra.

El Tribunal Oral Federal 7 continuó con la lectura de los requerimientos de los expedientes acumulados. La sala avanzó sobre los puntos centrales de la acusación y se dispuso a revisar planteos previos de las defensas. Los jueces anticiparon la etapa de cuestiones preliminares con participación de la fiscal Fabiana León y de la Unidad de Información Financiera como querella.

El cronograma estableció que las declaraciones indagatorias comenzarán en febrero de 2026. Los imputados deberán concurrir de manera presencial ante el Tribunal para dar sus datos personales, más allá de su decisión de declarar o no. El proceso sigue bajo un sistema mixto, con presencia en sala para algunas partes y seguimiento remoto para el resto.

Mientras tanto, algunos acusados ya observan las audiencias desde prisión. Julio De Vido permanece detenido por la condena en la tragedia de Once. Lo mismo ocurre con Ricardo Jaime, preso por ese mismo expediente. Ambos quedaron excluidos, por ahora, de cualquier alternativa de arresto domiciliario.