El frente Somos Buenos Aires atraviesa un conflicto interno que amenaza con dejarlo sin candidatos en las elecciones del 7 de septiembre. Varias impugnaciones presentadas ante la Justicia electoral, tanto por partidos que integran la alianza como por fuerzas externas, pusieron en duda la validez de sus listas en distintas secciones de la provincia.

La Junta Electoral bonaerense debe resolver en un plazo de cinco días una serie de expedientes iniciados durante la feria judicial. Las presentaciones apuntan a la incorporación de la Unión Cívica Radical fuera del plazo legal, la anulación de apoderados por parte de un órgano sin facultades para hacerlo y errores en la conformación de los cuerpos directivos. También incluyen reclamos por el desconocimiento de dos partidos provinciales y por la presunta vulneración del principio de respeto a las minorías que exige la normativa electoral.

Si la Justicia diera lugar a las impugnaciones, el frente podría perder sus listas en algunas jurisdicciones. Según el cronograma judicial, las partes involucradas tienen tiempo hasta el 1 de agosto para presentar sus descargos. Los demandantes pidieron medidas cautelares que impidan la oficialización de boletas, aun si la Junta ya recibió las objeciones.

El origen del conflicto está en disputas internas por el control y la integración del espacio. Los impugnantes sostienen que la UCR ingresó de manera irregular y que las decisiones sobre apoderados y autoridades provinieron de un órgano sin competencia. También señalan que no se respetó la representación de determinados partidos y que se incumplieron disposiciones de la Junta Electoral.

Entre quienes llevaron el reclamo a la Justicia figuran el Partido GEN, representado por Jorgelina Soledad López, y el Partido del Diálogo, ambos con actuación como apoderados dentro de Somos Buenos Aires. El fallo que surja de estos planteos podría modificar de forma drástica el escenario electoral de la alianza en la provincia.

La Justicia requirió que la Junta Electoral y la propia alianza entreguen en un plazo de cinco días un informe con antecedentes y fundamentos de los actos cuestionados. Si no se cumple con esa orden, las consecuencias legales podrían agravar la situación.

Por ahora, el futuro del frente permanece incierto. Un fallo adverso lo dejaría sin candidatos en varias secciones y lo debilitaría de manera significativa de cara a la competencia electoral de septiembre.