El 20 de diciembre de 2001, el gobierno de Fernando de la Rúa se despidió del poder con una represión que -sólo si se consideran los alrededores de Plaza de Mayo- dejó un saldo de cinco muertos y 117 heridos.

Ayer, la Justicia consideró que el entonces presidente no tuvo ninguna responsabilidad en aquella tarde de brutal represión, pese a que fue el encargado de decretar el estado de sitio en todo el país. “No está probado que haya estado en la cadena de mando que dispuso el procedimiento”, sostiene el fallo del juez federal Claudio Bonadío, quien ayer sobreseyó al radical pero que en 2007 lo había encontrado culpable en primera instancia dictando su procesamiento. El magistrado también ordenó el sobreseimiento de cinco ex comisarios y oficiales.

Al conocerse la noticia, De la Rúa festejó la decisión del juez pero después lo acusó por sus fallos anteriores. “Esta resolución llegó después de tres faltas de méritos. Bonadío dictó un procesamiento político”, dijo el ex presidente que renunció la misma noche que las balas de plomo mataron a quienes se manifestaban por las calles del microcentro porteño. Y señaló que el magistrado “no investigó a los que trajeron los grupos de choques esos días. A los que querían derrocar al Gobierno y querían muertos”.