Por Santiago López Medrano, ex ministro de Desarrollo Social de la Provincia de Buenos Aires

La crisis del 2001 rompió el tejido social de nuestro país y generó una política inédita en Argentina: en 6 meses se distribuyeron 2,2 millones de planes, técnicamente “Jefes de Hogar Desocupados”, que permitieron apagar el incendio del momento. 150 LECOP de aquella época, (unos U$S37) eran la diferencia entre subsistir o no, entre comer o no. Una breve anécdota pinta la gravedad de lo que se vivía en esos días: En 2002 un profesor universitario que vivía en zona sur me dijo con lágrimas en los ojos, “necesito un plan para vivir, no tengo trabajo, puse mi casa en venta, pero nadie me la compra y no me puedo comer mi casa”.

Eran tiempos de inestabilidad política y económica, un gobierno de emergencia y una realidad al límite. Los piquetes nacidos a mediados de los 90 en ciudades del interior como Tartagal y Cutral Co, al calor de privatizaciones de empresas públicas, se mudaron en el 2000 al Conurbano, incorporando a los flamantes desempleados de sectores industriales y comerciales.

La clase media que vio confiscados sus ahorros, tomaba bancos.

Nacían las asambleas populares en las zonas urbanas, las organizaciones sociales crecían a ritmo acelerado en medio del caos. Muchos partidos de izquierda, a los que el electorado esquivaba hacía años, encontraron en su brazo piquetero una forma de reinventarse y construir bases. Polo Obrero, Movimiento Teresa Vive, CCC, Aníbal Verón, MTD, MTL, MTR, MIJD, y otras siglas intentaban representar la desesperación y la necesidad de cientos de miles, suponiendo que se abría alguna chance de retomar las banderas de la revolución frustrada tantas veces. Los municipios, hasta ese momento abocados principalmente a las funciones de ABL (alumbrado, barrido y limpieza), enfrentaban una nueva realidad sin herramientas ni equipos. Recuerdo un populoso municipio de zona norte que tenía una oficina de empleo con 2 computadoras y 5 empleados, que en 60 días pasó a administrar de 0 a 22.000 beneficiarios de planes sociales.

Los cortes de calles, las marchas, las tomas de edificios públicos, eran las formas de protesta cotidiana. 20 años después, lo siguen siendo.

Para mediados de 2002 había en la Argentina 2,2 millones de personas que recibían un plan.

Con el tiempo la mayoría de esos planes se transformaron en un programa universal de protección a la niñez, a través de la ley 24.714, es decir la AUH (Asignación Universal por Hijo). Unos reciben la AUH, otros las asignaciones familiares y otros deducen la carga familiar del impuesto a las ganancias. Con esto, la niñez tiene cobertura con ingreso en todos los niveles. Hoy la AUH alcanza a 2,5 millones de familias en las que viven 4,4 millones de niños y adolescentes menores de 18 años.

La AUH consolidó un sistema universal, con una relación directa entre Estado y beneficiario. No hay intermediación. Quien reúne los requisitos de la ley, lo gestiona en una oficina de la Anses y lo recibe. Nadie hace clientelismo con la AUH, simplemente porque no es posible, no hay nada especial que el Intermediario (puntero, funcionario, dirigente social) pueda ofrecer para acceder al beneficio.

Tal vez en esa condición resida el nudo del tema. La posibilidad discrecional de otorgar el plan, el sistema de cupos y la capacidad negociadora en base a la presión de las organizaciones, son los vicios de una política de emergencia que, como tantas otras, se volvió regla.

Pasado lo peor de la crisis y con un sistema de protección de la niñez como la AUH consolidado, parecía ser un buen momento para salir progresivamente de los planes, pero ahí el kirchnerismo eligió otro camino. El gobierno de aquel entonces necesitaba tropa propia y territorio, las organizaciones eran ideales para eso.

En 2009 el gobierno de Cristina Fernández crea a través del decreto 1067/09 el programa Argentina Trabaja, luego llamado Haciendo Futuro y actualmente Potenciar Trabajo, distintos nombres para un mismo problema. Así, después de 7 años del puntapié con “jefes de Hogar”; que ya se había transformado en AUH, aparece un nuevo “plan”. Este programa nació como una herramienta discrecional que sumaba un nuevo elemento que ha generado grandes controversias: las unidades ejecutoras. Estas unidades eran las que llevaban adelante las distintas tareas y reunían grupos de beneficiarios. En otras palabras: quien recibía el beneficio debía estar vinculado a algún ente ejecutor para percibirlo. Las unidades ejecutoras eran municipios, cooperativas y asociaciones civiles en su gran mayoría cercanas a organizaciones sociales. Para diciembre de 2015, 207.000 personas cobraban el plan, existían 158 unidades ejecutoras que recibían $1400 millones anuales y controlaban el presentismo de los beneficiarios, lo que permitía dar de baja o incrementar la suma percibida.

Se apostó fuerte por la consolidación de los planes y un modelo clientelar anclado en el aumento del empleo público en todos los niveles del Estado.

De hecho, desde 2010 no hay creación de empleo privado en la Argentina, o mejor dicho no hay formalidad. Según el último informe de IDESA (www.idesa.org) sobre empleo, de los 2.8 millones de nuevos ocupados durante esa década, 26% son empleos en el sector público, 30% cuentapropistas y servicio doméstico registrados y 44% empleos informales, o “trabajo en negro” como se lo conoce en la calle. Este dato debería hacer ruido en los oídos de quienes se aferran a la legislación laboral de 1974, que sigue vigente en un país y un mundo que cambiaron y lo siguen haciendo a gran velocidad.

Contrariamente a lo que se suele decir o creer, el gobierno de Mauricio Macri encaró un ordenamiento de los distintos programas que convivían en varios ministerios. Terminó con los fondos a las unidades ejecutoras y realizó por primera vez una radiografía de ese universo. De allí surgen datos interesantes para entender y pensar el futuro de los programas sociales:

▪ 63% no tiene secundario completo
▪ 50% no llegó a iniciar el secundario
▪ 11% no terminó la primaria
▪ 66% llevaba más de 7 años en el programa
▪ 27% eran menores de 30 años

Aparece aquí una norma que pocos recuerdan, la ley 27.345 de emergencia social sancionada en 2016, impulsada por la mayoría legislativa en manos del kirchnerismo y sus socios, en el marco de las negociaciones por el presupuesto. Esta norma puso en evidencia que la Argentina venía en emergencia social desde el 2002 y que fue prorrogándose de manera continua durante los 12 años de gobierno de kirchnerista más allá del contexto económico y social y abrió la puerta para la incorporación de hasta 1 millón de nuevos planes exigidos por movimientos sociales y sectores kirchneristas. En diciembre de 2019 la cifra total de beneficiarios alcanzó las 500.000 personas. Hoy estamos hablando de algo más de 1.200.000 beneficiarios del programa Potenciar Trabajo en la Argentina, lo que equivale a decir que el gobierno actual duplicó en 2 años la cantidad de planes.

La situación difícil que atraviesa nuestra economía y el momento crítico, parecen haber generado un cambio en la percepción de la sociedad y la dirigencia sobre los planes sociales.

Se habla y se debate sobre el tema, no sólo en las mesas familiares o en los cafés, sino también en las redes sociales y en los medios de comunicación. Empieza a haber una cierta conciencia colectiva sobre la gravedad y el impacto que tiene no tener un plan para los planes.

Sumemos a ello, la cronificación de la pobreza estructural y el desastre educativo que nos recuerdan con crudeza las últimas pruebas Aprender. Aquí también, una concepción ideológica y política que apuntó a “incluir” en lugar de formar y educar. Se reconvirtieron muchas aulas y centros de formación docente en locales partidarios. El efecto fue devastador.

Se abre una oportunidad que nos brinda la crisis para debatir con seriedad y responsabilidad a los fines de tomar medidas concretas.

El norte debería ser transformarlos en trabajo genuino y entender que la salida de la pobreza es a través de una educación que permita el acceso al empleo privado de calidad. Para eso, el escenario macroeconómico debe acompañar. En el mientras tanto, se puede avanzar sobre la universalización en el acceso en función de criterios claros y definidos, y utilizando las muchas herramientas que brinda hoy la tecnología para establecer si corresponde o no recibir el plan, terminando con la discrecionalidad. Implementar plazos limitados de permanencia e impulsar el vínculo con el mundo del trabajo a través de la capacitación. Corresponde una aclaración, seguramente será motivo de otro texto, respecto de la inconveniencia de implementar el mal llamado “Salario Básico Universal” que por estos días se impulsa desde los movimientos sociales. La imposibilidad fiscal de solventarlo y la convicción de que genera más inflación, y que fundamentalmente instituye un régimen paralelo a la formalidad alejando a las personas cada vez más del objetivo de acceder a empleo de calidad, son algunas de las razones que fundamentan esta inconveniencia.

Finalmente, respecto a los planes, podemos concluir que cambiarlos de lugar o traspasar su manejo, no resuelve el tema, es sólo una disputa de poder. Los planes estuvieron en manos de intendentes, gobernadores, organizaciones sociales, cooperativas, y el resultado ha sido el mismo: no sacan a la gente de la pobreza, ni resuelven la pobreza estructural, solo funcionaron como un paliativo de emergencia, un analgésico frente a una infección grave que lleva más de 20 años.

La Argentina tiene que recuperar aquella idea de progreso en la que cada generación soñaba con que sus hijos iban a estar mejor. No se hace con planes ni clientelismo, se hace apostando a la cultura del trabajo, al esfuerzo y al mérito.