A través de un informe, la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) indicó que hubo fallas a la hora de controlar los fondos que se recibieron desde el Ministerio del Interior de la Nación al igual que en las certificaciones.
La atención mediática y judicial vuelve a posarse sobre el ex intendente de Juntos por el Cambio en Pilar, Nicolás Ducoté. Un informe de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) al que accedió el portal Infobae resalta las fallas que hubo a la hora de controlar 120 millones de pesos que se recibieron desde el Ministerio del Interior de la Nación, al igual que las respectivas certificaciones, para obras de urbanización del barrio Monterrey.
Tal como describe el portal, en el humilde barrio pilarense estaba previsto realizarse el asfaltado de calles; la instalación de servicios básicos como agua corriente, cloacas e iluminación; plazas nuevas, un centro cultural y un corredor aeróbico. Poco hay de eso casi cuatro años después de comenzadas las obras en marzo de 2017.
Una de las fallas principales que destaca el informe es en los plazos. Tanto de ejecución de la obra como de adjudicación. Una de ellas se inició tan sólo cinco días después de adjudicarse la licitación y dos meses antes de firmarse el contrato. En este punto, desde el anterior gobierno apuntan a Nación y el retraso de más de un año en la llegada de los fondos.
Párrafo aparte le dedica el escrito al tema de las licitaciones que, entre otras cuestiones, no fueron comunicadas todas las empresas inscriptas en el Registro de Proveedores del Municipio. De modo que, aparentemente hubo falta de publicidad por parte de la gestión de Ducoté.
Pero también se encontraron irregularidades en las certificaciones de obra a lo cual la Justicia aduce que el último fin era «seguir obteniendo fondos provenientes del Estado Nacional, puesto que, para obtener un nuevo desembolso debía rendirse el dinero recibido con anterioridad”.
Asu vez, la FIA, a cargo de Sergio Rodríguez, pone la lupa sobre el gobierno nacional a quienes les cuestionó la falta de control tanto en los fondos como en los plazos estipulados. Puntualmente a la Secretaría de Vivienda y Hábitat de Nación.
