El ejecutivo bonaerense impulsará cambios en la ley de Excarcelaciones actualmente suspendida por la Corte Suprema provincial, con el objetivo de que la norma entre en vigencia. En concreto, se modificará el articulado susceptible de ser inconstitucional, que apunta a restringir la libertad de aquellos que sean detenidos con armas de fuego y tengan antecedentes penales.

Así lo anticipó ayer el gobernador Daniel Scioli luego de una reunión que mantuvo con funcionarios del ministerio de Justicia y Seguridad y familiares de víctimas de hechos delictivos. El nuevo proyecto atendería a los cuestionamientos formulados por el máximo tribunal, que otrora dio lugar a una medida cautelar que suspendió la aplicación de la norma. Por entonces, la Corte consideró que obligar a los jueces a denegar la excarcelación en todos los casos implicaría la “violación del principio de inocencia" y "limitaría la crítica del magistrado”.

“Buscamos con el Poder Legislativo actualizar la legislación vigente, para acorralar y encarcelar a aquellas personas que sean sorprendidas con armas de fuego y que tengan antecedentes. Que entren y no salgan”, anticipó el mandatario.

El diputado sciolista, Guido Lorenzino ratificó hoy por Radio Provincia que la intención es cambiar los puntos polémicos de la ley para "evitar planteos constitucionales" y obtener el "ok de la Corte, lo cual nos permitiría ponerla en práctica y lograr el objetivo que es sacar las armas de la calle". Aunque advirtió que la modificación prevista "no cambia el espíritu y vocación" de la norma.

"Lo que quiere el gobernador Scioli y el ministro Casal es retomar un tema que quedó pendiente y que para nosotros es crucial, que es sacar las armas de la calle y evitar que aquel delincuente que tiene un arma y sea reincidente entre por una puerta y salga por la otra", enfatizó Lorenzino.

La idea original del gobernador bonaerense era impedir las excarcelaciones en tres casos: cuando se porten armas de fuego ilegalmente y exista resistencia o evasión a un procedimiento por parte de una autoridad pública; cuando los presuntos delincuentes tengan antecedentes por comisión de delitos con armas; o en los casos en que los imputados estén gozando ya de una excarcelación anterior.

Sin embargo, el proyecto fue cuestionado por organismos de Derechos Humanos como el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que presentaron un planteo ante la Corte. Si bien el alto tribunal no dictó una sentencia definitiva sobre la constitucionalidad de la norma, dio lugar a la medida cautelar elevada, lo que frenó su aplicación.

Scioli anticipó que la modificación de la Ley de Excarcelaciones será complementada con otras reformas que establecen un fuerte control de la venta de armas, la regularización de las agencias de seguridad privadas y la implementación de nuevas tecnologías que permiten identificar a que arma pertenece el proyectil, entre otras.

"Como Estado, tenemos la obligación de buscar los mecanismos para desalentar a nuestra sociedad. Sin armas, hay paz, sin armas, no hay violencia, éstos son hechos totalmente repudiables", sostuvo el gobernador.