Por Carlos Pérez Gresia, Secretario General de la Unión Cívica Radical de la Provincia de Buenos Aires.

En los últimos días el fiscal de Dolores, Gustavo García, hizo público el móvil y la responsabilidad de cinco policías -entre ellos un subcomisario de la Provincia de Buenos Aires- en el homicidio de Andrés Lezcano, de 38 años, el 2 de enero del año pasado en Valeria del Mar. Según la investigación del fiscal este grupo de policías intentaban calmar los reclamos por delitos en la costa por medio de este homicidio.

Esta situación es de enorme gravedad. Los responsables de defender la seguridad pública se dedican a matar gente para calmar los reclamos, ocultando en definitiva a los verdaderos responsables de los hechos delictivos.

Pero más grave aún es que horas después de los hechos el propio gobernador Daniel Scioli, rodeado de jefes policiales proclamo: "vamos a ser muy enérgicos y rigurosos en la aplicación de la Ley dentro del Estado de Derecho y dentro de lo que es mi lucha por no permitir que las familias que hacen el esfuerzo de armar sus vacaciones, ningún delincuente se las arruine".

Esta aparición en el escenario de los hechos del gobernador es muestra clara del fracaso de años de la gestión de seguridad pública provincial durante los cuales se le devolvió a la policía la plenitud de su autogobierno, eliminando controles y conducción política sobre esa fuerza de seguridad.

Hace 15 años el asesinato de Cabezas fue una bisagra en la política de seguridad provincial, poniendo al desnudo todos los vicios y deformaciones de la bonaerense de ese entonces. Esta lección no la aprendió Scioli y volvió a recorrer el camino de la policía de Klodczyk.

Hechos como el investigado y hecho público por el Fiscal de Dolores, deben servir para una revisión integral de la política de seguridad provincial, restableciendo controles y conducción política sobre las fuerzas de seguridad provinciales. Convocando a todas las fuerzas políticas y sociales de la provincia a un combate definitivo contra las mafias del delito organizado, terminando con toda complicidad entre la política, las fuerzas de seguridad y el delito organizado.