El gobernador bonaerense Daniel Scioli emprendió ayer en la Legislatura el camino, a priori complicado, para conseguir un total de 1.000 millones de pesos que, provenientes de una suba “especial” del impuesto Inmobiliario, planea destinar al área de Seguridad. Así, propone un aumento de salarios para efectivos de seguridad y equipamiento tecnológico, entre otros puntos.

El mandatario provincial realizó la presentación del Presupuesto 2014, en simultáneo con los cambios en la Ley Fiscal, una iniciativa que ya despertó críticas y rechazos en sectores de la oposición, como el Frente Renovador y el Frente Progresista, Cívico y Social.

Es que el Ejecutivo plantea un cálculo de gastos de 183.000 millones de pesos (30% superior a 2013) y un requerimiento de nueva deuda por 11.500 millones de pesos, sin tener en cuenta los próximos aumentos salariales de 2014, no contemplados en el Presupuesto. Así, el déficit en las arcas provinciales podría alcanzar los 20.000 millones de pesos.

Ante un panorama marcado por la imposibilidad de recurrir a préstamos internacionales y sin la alternativa de contraer el gasto de la administración provincial, el gobernador recurrió al esquema tributario para atenuar el déficit operativo. Una posibilidad que, aclararon desde el oficialismo bonaerenses, no implica un aumento del inmobiliario Urbano y del Rural, ya que no se trata de modificaciones en las alícuotas ni la valuación.

En realidad, tal incremento tiene la forma de una tasa adicional de hasta el 18% en las facturas, lo que el gobierno provincial denomina como una “contribución especial”.

Consultado por LaNoticiaWeb acerca de esta medida excepcional, el intendente de San Isidro, Gustavo Posse, manifestó su rechazo a la iniciativa y, en representación del espacio de Sergio Massa, pidió que el dinero destinado a la seguridad provenga de una discusión con el Estado nacional por los puntos de coparticipación.

Al proyecto del Ejecutivo, cuya bancada buscará aprobarlo de manera consensuada, no se le avizora un sencillo tratamiento. Es que el oficialismo debería disponer de una mayoría calificada (61 votos en Diputados y 31 en Senado) para alcanzar el retoque en la Ley Fiscal. Y por ahora no tiene la mayoría simple en ninguna de las Cámaras, por lo que buscará acordar con sus aliados.

En este contexto, desde sectores de la oposición ya salieron a poner la mirada sobre las conversaciones de los legisladores de Scioli. Es que, como Scioli también envío junto al Presupuesto el pedido de designación del dirigente radical Hernán Gómez al frente de la Fiscalía de Estado (en remplazo del fallecido Ricardo Slagowski), desde el massismo acusaron un “arreglo” del oficialismo con la UCR a cambio de los votos, según consigna el matutino Clarín.