Una intensa sesión en el Honorable Concejo Deliberante de San Isidro tuvo como ejes centrales un acalorado debate por la transparencia en las contrataciones de monotributistas, la aprobación de la identificación obligatoria para empleados municipales y un fuerte cruce ideológico por el cambio de nombre de una calle vinculado a una figura religiosa.

El primer gran tema de la jornada fue el proyecto de ordenanza (Expte. Nº 443-HCD-2025) que busca la publicación del listado completo de trabajadores contratados bajo la modalidad de monotributo.

El concejal Walter Perez (Acción Vecinal San Isidro es Distinto), autor de la iniciativa, justificó la necesidad de una ordenanza por el reciente aumento en el presupuesto destinado a estas contrataciones a través de una universidad. «No estoy en contra de los monotributistas, pero $9.800 millones de pesos deberían ir con su 10% al IPS y el 4,5% a IOMA. Se desfinancia a la provincia y a los trabajadores con un mero fin político de ocultar información», argumentó Perez, subrayando la importancia de saber «quiénes prestan servicios».

Desde la oposición, Marcos Díaz (Unión por la Patria) consideró que «sería mucho más efectivo un pedido de informe» y se opuso a la publicación de datos en la página del municipio. En una línea similar, Guido Alvarado (Cambia San Isidro) señaló que el municipio opera dentro de un marco de legalidad y que se debería «trabajar el proyecto sin poner nombres, apellidos o CUIL», sugiriendo también un pedido de informes para proteger los datos personales.

La concejal Manuela Schuppiser (Unión por la Patria) añadió una preocupación laboral: «No sabemos si estos trabajadores tienen un seguro de salud o ART. Están expuestos por esta tercerización». Por su parte, Federico Meca (Frente Renovador – Unión por la Patria) se mostró escéptico sobre el futuro del proyecto: «Sé que no lo van a tratar y lo van a vetar sea cual sea el objetivo».

Finalmente, tras acordar la eliminación del artículo que exigía la publicación en redes y la web municipal a pedido del bloque peronista, el proyecto fue aprobado para su pase a comisión, donde continuará su tratamiento.

Con un amplio consenso, se aprobó sobre tablas el Expediente Nº 444-HCD-2025, que establece la obligatoriedad para todo el personal de la Municipalidad de San Isidro y de empresas de servicios públicos de portar una identificación visible durante su jornada laboral. La medida contó con el respaldo de todos los bloques, con la notable excepción del oficialismo y el PRO.

El bloque de La Libertad Avanza logró la aprobación de su proyecto (Expte. Nº 446-HCD-2025) para declarar como «Personalidad Destacada del Partido de San Isidro» al historiador y vecino Bernardo Lozier Almazán, en reconocimiento a «su destacada trayectoria y sus invaluables aportes a la cultura, el patrimonio y la historia de San Isidro».

Fuerte cruce por el nombre de una calle y el rol del Estado

Un momento de tensión llegó con el tratamiento del proyecto del Departamento Ejecutivo para añadir el nombre «Padre José Sorribas» a un tramo de la calle Coronel Bogado. El concejal Juan Bautista Ocampo (ConVocación por San Isidro) mencionó que el pedido respondía a una solicitud del Colegio Sagrado Corazón.

La respuesta de la concejal Celia Sarmiento (Unión por la Patria) fue contundente : «Pongan un freno a la iniciativa de un gobierno teocrático. Desde que este intendente (Ramón Lanús) está en el gobierno, es solo para una parte de la población», sentenció. Sarmiento denunció que el 45% del contenido del Boletín Oficial refiere a fiestas religiosas y afirmó: «No está mal que cada uno profese su fe, está mal que se haga desde el Estado».

En su intervención, propuso como alternativa colocar una placa en honor al Padre Sorribas, pero sin modificar la nomenclatura de la calle. «Hagan todas las misas que quieran, pero no desde el gobierno», concluyó, dejando en evidencia una profunda diferencia sobre el rol del Estado en asuntos religiosos.