Al no prosperar ninguna de las acusaciones en contra del polémico juez de garantías Rafael Sal Lari, esta mañana se dio por finalizado el juicio político que lo mantenía suspendido en sus funciones y fue repuesto en su cargo. Así lo determinó el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados bonaerense, luego de que el intendente de San Isidro, Gustavo Posse, y Carla Regis, hija del ingeniero asesinado en Béccar, desistieron de constituirse como parte acusadora.

El proceso contra el magistrado había comenzado en 2009 cuando vecinos de San Isidro, familiares de víctimas de la delincuencia, las Madres del Dolor y el propio Posse, lo denunciaron por su actuación en una decena de causas en las que otorgó la excarcelación a imputados que luego reincidieron, siendo el caso más emblemático el homicidio del ingeniero Regis, asesinado en julio de 2008. Sal Lari había sido acusado por mal desempeño en sus funciones en once causas. A lo largo del proceso, el Jury, sin embargo, sólo dejó en pie una acusación por la que se mantuvo injustamente preso por siete meses a un ciudadano inocente.

Desde temprano en la mañana las Madres del Dolor y el jefe comunal de San Isidro se reunieron frente a la entrada del anexo del Senado provincial en La Plata, para repudiar la restitución del juez. El Jury de Enjuiciamiento había pedido a los familiares una caución de 180 mil pesos para permitirles seguir con la acusación de una sola causa dejando de lado otras diez graves acusaciones. En este sentido, Posse destacó que “no fueron tratadas las causas más importantes donde estaban incluidas las tragedias que sucedieron tras sus excarcelaciones. Salvo algunos miembros que actuaron en minoría, el Jury hizo a un lado a los familiares exigiéndoles una caución y renunciando a exigir conocer la razonabilidad de los fallos de este magistrado, quien excarceló a delincuentes probadamente peligrosos habilitándolos a cometer hechos aberrantes que mutilaron familias enteras”

Posse, como abogado patrocinante de los familiares de las víctimas, expresó su repudio a la decisión de imponer una caución: “Así como estos jueces no le piden dinero a los delincuentes comunes al momento de ser excarcelados, ¿por qué razón le van a pedir 180 mil pesos de caución a las familias víctimas?” se preguntó.

“Hay una minoría que entendió que esto tenía que ser tratado corporativamente para que este asunto nunca viera la luz. Es un día triste para la República” se lamentó el jefe comunal sanisidrense. Asimismo, adelantó que “hay recursos de inconstitucionalidad presentados que esperamos que nos devuelvan al juicio” y agradeció “a los conjueces y legisladores que votaron en disidencia porque a partir de esa disidencia nos van a dar fortaleza al momento de tratar los recursos en la justicia”.

Por su parte, la titular de Madres del Dolor, Viviam Perrone, expresó: “Los jueces no se sienten poderosos, lo son. Tienen más derechos que los demás ciudadanos. Pido perdón a los buenos jueces y fiscales, pero lamentablemente Rafael Sal Lari acaba de ensuciar el nombre de todos los demás”.

“Mañana va a estar en su despacho, pero su nombre será sinónimo de desidia. Esperemos que desde la sensibilidad que intentamos pasarle los familiares, ahora piense a la hora de emitir los fallos, y tenga en cuenta que puede producir más muertes” agregó.

El legislador radical Aldo Mensi, uno de los integrantes del Jury que votó en disidencia por la absolución de Sal Lari, señaló que ve “con preocupación algunas circunstancias jurídicas que signan este tipo de encuentro. A veces llegar a este tema se convierte en casi imposible para muchos de los denunciantes. La barrera del dinero fue una de las circunstancias que se analizan con criterio prioritario en la cabeza del fundamento”.

“Estamos ante una justicia que tiene una crisis profunda y que merece sentarse alguna vez en el banquillo de los ciudadanos” remarcó.

La única voz que se alzó en defensa del juez Sal Lari en los alrededores del Senado provincial, fue la de el secretario adjunto de los judiciales de San Isidro y de la CTA de la Provincia, Daniel Pérez Guillén. Desde una distancia prudente para no herir susceptibilidades, el gremialista aseguró que la iniciativa del intendente Posse es “simplemente una presión política. Entendemos que si un juez está actuando a derecho, es un magistrado garantista, y se lo cuestiona justamente por cumplir con esas garantías, el pedir que explique sus convicciones es volver a la edad media. Es decir, podemos condicionar desde algún lado sus convicciones para que actúe como nosotros queremos”.

“La lucha de las Madres del Dolor se justifica totalmente. Eso no significa que se tengan que modificar las leyes a raíz del dolor. Es importante que pueda haber jueces que opinen contrariamente a lo que opinan los intendentes o cualquier personaje político. Hay un tema muy grave que es que las fiscalías y muchos juzgados de paz en la provincia de Buenos Aires son propiedad de las municipalidades y esos intendentes creen que tienen la posibilidad de resolver por encima de la justicia y que el juez es un empleado de ellos” destacó Guillén.

Viviam Perrone le retrucó: “Esas personas del sindicato estaban acá justificando un sueldo, hoy a mí me están descontando el día en el trabajo. Vinieron a decir que esto se convirtió en algo político y que la justicia debería ser independiente. Lo mismo decimos nosotros: la única manera de poder lograr que la justicia sea independiente es a través de estos juicios, pidiendo explicaciones y que se respeten nuestros derechos”.

La votación del Jury concluyó con cinco votos a favor de la absolución, uno en contra y una abstención. Se registraron cuatro ausencias.