El diputado nacional del Frente Renovador y secretario general de la Federación Argentina Sindical de Petróleo, Gas y Biocombustibles, Alberto Roberti, dialogó con Eduardo Román en “LaNoticiaWeb Radio” a partir del aumento de la nafta, el preacuerdo con Repsol y las tasas municipales a la venta de combustible.

Han circulado mails donde usted se muestra a favor de este preacuerdo entre el gobierno y Repsol por la estatización de YPF. ¿De qué se trata?

En realidad, lo que nosotros decimos es que con la nacionalización de YPF, que nosotros acompañamos, se buscó darle una suerte de previsibilidad al área hidrocarburífera. Lo que no se hizo bien, en ese momento, fue haber sacado a una empresa y no haber dado, no lo que pedía la empresa, sino al menos entablado una negociación. La negociación ahora está en marcha, no está terminada. Como viene planteando Sergio Massa, nosotros entendemos que en el horizonte, es que la previsibilidad, cuando se discuta y aparezca la solución, es mejor que a no hablar o a no pagar como se decidió el año pasado.

¿Era esperable este nuevo aumento en las naftas?

Se está dando por una razón obvia y elemental: hay una inflación que nos corre a todos, hay una minidevaluación casi diaria, y en ese sentido todos los presos corren. En Argentina van a seguir subiendo los precios en cuanto no exista un programa correctivo, no solamente para frenar el aumento de precios, sino para que no sigan destruyendo la variable que es el salario y la canasta familiar de la gente.

En varios municipios se trabaja para poner un impuesto al combustible. Esto rige, por ejemplo, en Vicente López desde el año pasado, y se habla que algunos intendentes del Frente Renovador podrían sumarlo para el año que viene. Esto motivó una acusación de la presidenta de la Federación de Empresarios de Combustibles, Rosario Sica. ¿Qué opinión tiene usted?

Como hacer, se pueden hacer. Pero da la impresión de que no es lo más aconsejable porque ya hay una imposición de carácter internacional. Los tributos son nacionales, y en todo caso debiera fijarse convenios con el Estado nacional. Una doble imposición no es lo aconsejable, fundamentalmente para los ciudadanos de a pie que son los que los van a pagar.