Juan Carlos “El Perro” Clemente, ex detenido de la dictadura militar, entregó una lista con el nombre de 293 desaparecidos en Tucumán que fue confeccionada por los represores en 1979.

Lo hizo en el juicio contra el ex gobernador de Tucumán, Antonio Bussi, donde se lo investiga por torturas y desapariciones en la Jefatura de la Policía Provincial.

Junto a muchos de los nombres figura la observación “DF” que, según el testigo, significaba “Disposición Final”, es decir la muerte, informó el diario Clarín.

Clemente, ex militante barrial de la Juventud Peronista, aportó al tribunal unas 250 fojas de documentación diversa, contenida en dos carpetas negras que, dijo, mantuvo escondidas dentro de una bolsa de plástico en un contrapiso de su casa durante todos estos años.

El terror, indicó, lo hizo mantener la boca cerrada hasta ahora. Denunció que desde la época de la dictadura recibió visitas periódicas y amenazas de sus captores. La última hace un mes, cuando alguien le advirtió: “Ojo con lo que hablás, acordate de Julio López”, el único desaparecido de la democracia.

La lista mencionada se titula “Índice de declaraciones de DS” (por Delincuentes Subversivos) y además de la observación “DF” figuran otras dos, “Libertad” y “Disposición PEN”.

Los papeles incluyen también listas de “subversivos en la clandestinidad”, nóminas de cadáveres identificados, actas de entregas de cadáveres, manuscritos con información de inteligencia, listas de oficiales y suboficiales del Servicio de Información Confidencial (SIC) de la Policía y notas con sello y firma del jefe de ese organismo, el comisario Roberto Heriberto “El Tuerto” Albornoz, uno de los cuatro imputados en el juicio.

El testigo relató que fue secuestrado en julio de 1976, torturado y mantenido en cautiverio primero en el centro clandestino de detención del ex ingenio Nueva Baviera, cerca de la ciudad de Famaillá, luego en el de la Jefatura, más tarde en el del Arsenal “Miguel de Azcuénaga” y por último de nuevo en el de la Jefatura.

Allí estuvo primero vendado y atado, pero luego le fue concedida cierta libertad de movimientos, hasta que a partir del 31 de diciembre de 1976 le permitieron ir a dormir a su casa. Le advirtieron, sin embargo, que sus padres serían los garantes de lo que hiciera.

A comienzos de 1977, recordó, lo pusieron a dibujar carteles, diagramas y organigramas y a archivar papeles en una oficina administrativa del SIC. En mayo de ese año, contó, el teniente primero Félix González Naya, enlace entre el SIC y la Inteligencia del Ejército, le entregó un carnet policial y le dijo: “Desde ahora sos policía”.

A fines de 1977, prosiguió Clemente, un nuevo supervisor militar, el teniente primero Luis Ocaranza, “desmanteló” el SIC e hizo seleccionar la documentación archivada. Parte de ella fue trasladada y otra parte se quemó.

Fue entonces, rememoró, que pudo sacar subrepticiamente la documentación que entregó ayer al Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán, presidido por Carlos Jiménez Montilla e integrado por Gabriel Casas y Josefina Curi.

Los jueces resolvieron aceptar, en principio, la prueba aportada por Clemente y entregar copias al fiscal, a los defensores y a los abogados que representan a los familiares de desaparecidos querellantes. Sobre la base de esos nuevo elementos, el interrogatorio al testigo continuará hoy.

Ayer, además, Clemente fue careado con el imputado Luis Armando De Candido, sindicado como ex integrante del SIC y usurpador de la casa de un desaparecido. El policía negó que Clemente hubiera estado alguna vez detenido y aseguró que “siempre fue policía”. El testigo ratificó que De Candido fue integrante de “la patota” del SIC que “capturaba, torturaba e interrogaba”.

El juicio por 22 del más de centenar de desaparecidos de la Jefatura (está próxima a elevación a juicio la causa Jefatura II con el resto) comenzó el 16 de febrero. El general Antonio Bussi, fue apartado del proceso por sus dolencias. De los acusados que quedan, el más importante es el general Luciano Benjamín Menéndez, ex jefe del Tercer Cuerpo del Ejército.