El gobernador bonaerense Daniel Scioli renovó las licencias a siete bingos por quince años, a cambio de dinero fresco que necesita para cubrir el rojo financiero de la provincia. Al menos, ése fue el argumento que utilizó para tomar la decisión. La medida alcanza también a la explotación de máquinas tragamonedas.

El cash que necesita Scioli provendrá del canon fijo extraordinario que tendrán que abonar las salas a cambio de la prórroga. De lo que se duda es que ese dinero pueda servir para cubrir los baches financieros de la provincia.

En total, entre las siete salas, los empresarios le pagarán de contado a la Gobernación 132 millones de pesos. También deberán desembolsar un canon accesorio que pagarán en 60 cuotas en un plazo no mayor a los cinco años. Esa cifra es de 301 millones de pesos. Es difícil de creer que esa suma pueda ser un paliativo para las arcas deficitarias de la provincia. Algunos números para tener en cuenta: sólo en salarios, el Estado bonaerense paga 2.700 millones de pesos y se calcula que el déficit de 2010 que tendrá el Gobierno trepará a los 10 mil millones de pesos.

Para los empresarios del sector, el canon que se cobra es un muy buen negocio para la provincia. “Es cierto que el dinero recaudado en este caso no es una suma sideral, pero porque se trata de siete salas chicas. La provincia de Buenos Aires cobra los cánones más altos. Y obtiene buenos réditos a cambio”, explicaron off the record.

Para darles dimensión a los cánones que deberán desembolsar los empresarios, aclararon que, por ejemplo, lo que pagará de canon el Bingo de San Martín, de Codere, es el equivalente a lo que año tras año recibe la Ciudad de Buenos Aires por el convenio que tiene con Cristóbal López, que maneja las máquinas tragamonedas del Hipódromo de Palermo y el barco flotante.

El sector agregó también que “para nosotros, lo mejor es que el negocio sea rentable para la provincia porque si no, corre riesgo de caerse”.

Se sumaron al argumento de Scioli, la imposibilidad de llevar a cabo un concurso de precios nacional o internacional por trabas técnicas y burocráticas. “Son pocas salas y además no pueden seguir trabajando con la licencia vencida, algunas caducaron en 2008”, especificaron.

El negocio del juego en la provincia moverá este año más de 8 mil millones de pesos, de los cuales 2/3 quedan en manos de los privados y 1/3 en el Estado. Las salas a las que se les renuevan las licencias, según el decreto 3.116, son las que tenían vencimiento durante el período 2008-2011: Mar del Plata (Codere); San Martín (Codere); Mar de Ajó (Daniel Mautone); Moreno (Laquaniti, propietario de bingos en Buenos Aires); Quilmes (del empresario Del Valle); Avellaneda (Grupo Blaquier) y Zárate (Ferrari).

El Estado reparte los dividendos entre distintos ministerios y el Instituto de Lotería y Casinos. Con esta renovación de los siete bingos, Scioli no sólo no modificó el aporte que tienen que hacer los reyes del juego sino que recortó el dinero que les toca a los ministerios para ampliar la caja de Lotería y Casinos, que se quedará con 25 mil pesos por cada millón que ingrese por el juego mientras que, por ejemplo, el Ministerio de Salud se quedará con 14 mil pesos por millón, cuando antes tenía 19 mil pesos por millón.

Lo mismo pasa con las otras carteras. Desarrollo Social se quedaba con 23.750 pesos por millón y ahora retendrá 17.500 pesos por millón. Así se desprende de un informe detallado realizado por los diputados de la Coalición Cívica Walter Martello y Maricel Etchecoin Moro. “Que le dé dinero a Lotería y Casinos es ilegal. En la Constitución provincial, en su artículo 37, se explica claramente que ese dinero se tiene que repartir para salud, desarrollo social y educación”, comentó Martello.

Con esta renovación, el gobernador no sólo les quitó dinero a los ministerios de Salud, Educación y Desarrollo Social sino que aumentó la caja del Instituto Provincial de Lotería y Casinos algo que, como aclaró Martello, es abiertamente inconstitucional. Se supone que el dinero debe ir a mejorar áreas clave de la administración pública y no a un ente sobre el que hay poco control.

Además, la renovación no pasó por la Legislatura y eso ya generó escándalo: los dos diputados de la Coalición Cívica amenazan con llevar el tema a la Justicia porque el pago de canon es equivalente a la creación de un impuesto y su modificación es “una facultad indelegable del Poder Legislativo”, explicaron Walter Martello y Maricel Etchecoin Moro.

Fuente: Diario Perfil