Llegaron a sus cargos mediante el mismo mecanismo que critican, muchos de ellos fueron elegidos a dedo y también eligen de ese modo a sus subalternos. Aseguran que buscan impulsar cambios en la Justicia, algunos con motivos legítimos, otros en clara sintonía con las necesidades del Gobierno.

Justicia Legítima es un movimiento político dentro del Poder Judicial que se lanzó esta semana en la Biblioteca Nacional, donde se debatieron las ideas que justamente anunció la Presidenta el viernes en forma de proyectos de ley. Busca desplazar a quienes hoy
“manejan” los hilos de la “familia judicial”.

La impronta pertenece a seis ideólogos con clara cercanía a la Presidenta.

La procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, es una de las principales cabezas de Justicia Legítima. Es la jefa de los fiscales elegida por CFK y una de las principales enemigas del Grupo Clarín en el Poder Judicial.

Alejandro Slokar es un juez de Raúl Zaffaroni, principal opositor a Lorenzetti en la Corte, no oculta su afinidad con el Gobierno y fue la voz más política en la presentación de Justicia Legítima. El grupo comenzó a reunirse luego de que la Corte hiciera circular un comunicado en nombre de la Justicia y en alusión a presiones del Gobierno por la causa Clarín.

La primera reunión fue en el bar Módena, frente a la Facultad de Derecho, un territorio gobernado por Slokar. Luego, los encuentros comenzaron a realizarse directamente en las oficinas de Gils Carbó.

“El Gobierno considera que hoy tiene dos opositores políticos clave: Clarín y los jueces. Nosotros creemos que tiene razón y que eso no puede seguir”, aseguró a PERFIL uno de los miembros.

Justicia Legítima tiene una gran influencia del periodista Horacio Verbitsky. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) que preside es uno de los principales cráneos de las reformas que impulsan.

Otro es el fiscal de Casación Javier De Luca, que fue secretario letrado de la Corte Suprema menemista, donde una de sus funciones era redactar los fallos de los jueces más criticados por los K.

La defensora general Stella Maris Martínez es una de las ideólogas más rechazadas por las “bases” del movimiento por sus “manejos y beneficios propios de la corpo”, como el trato preferencial que se hace otorgar.

El fiscal general Jorge Auat es otro de los ideólogos. Está a cargo de la Unidad Fiscal de Derechos Humanos.

El movimiento impulsa que la Justicia ya no sea “contramayoritaria”. Es decir, que debe acompañar los intereses del 54 por ciento del electorado que votó a CFK. No se aplica sin embargo a otros gobernantes. El miércoles, festejaron una decisión de la Corte bonaerense que dio marcha atrás a una ley de Daniel Sicoli para elevar penas por portación de armas sin permisos legales.

FUENTE: Perfil