La Policía Nacional de España detuvo en la ciudad de Valencia a una jueza argentina, Alejandra Velázquez, a quien la Interpol había puesto una orden de detención por facilitar procesos de adopción a matrimonios adinerados de los cuales recibía ventajas económicas, tanto en forma de dinero, como de regalos. Para ello proponía a las asistentes sociales acudir a los barrios pobres de la ciudad argentina a «conseguir panzas».

En 2015, Velázquez, ex titular del Juzgado de Familia N°1 de Pilar, fue denunciada por irregularidades en su cargo y se le otorgaron 90 días de licencia. La denuncia inicial, que mencionaba ausencias prolongadas, se amplió revelando una trama de venta de bebés. Velázquez se acercaba a mujeres embarazadas en barrios vulnerables para convencerlas de entregar a sus hijos, que luego vendía a familias adineradas.

En marzo de 2016, Velázquez fue suspendida y en noviembre de ese año renunció a su cargo. Finalmente, en septiembre de 2017, fue oficialmente destituida. Las acusaciones incluían falsificación de documentos, acoso laboral, y la intermediación ilegal de adopciones. Además, se señaló que permitía que sus auxiliares firmaran documentos en su ausencia, incluso sin autorización.

Nueve años después del inicio de la investigación, el 24 de julio, Interpol detuvo a Velázquez en España. La imputación formal incluye «falsificación de instrumento público y cohecho«, refiriéndose a la manipulación de adopciones a cambio de dinero. La detención fue solicitada por el fiscal José Amallo, luego de que no se pudiera notificar a Velázquez para una declaración indagatoria.

El Juez de Garantías N°6, Nicolás Zeballos, inicialmente concedió una eximición de prisión, con la condición de que Velázquez se presentara en cinco días, cosa que no hizo. Esto llevó a la solicitud de su detención.

La última información de la dirección de Migraciones indicaba que Velázquez había salido del país rumbo a Londres. Con esta información, Interpol intervino y la detuvo en el Aeropuerto de Barajas, en Madrid.