La propuesta de Gil Lavedra modifica la Ley 24.946 de organización del Ministerio Público y crea un cuerpo de fiscales especializados para intervenir en los casos de corrupción más significativos y graves. La relevancia institucional de la lucha contra la corrupción y el cúmulo de responsabilidad que supone el correcto desempeño de esa función, sumados a la experiencia recogida a través de los años, demuestran la conveniencia de la propuesta que crea una herramienta institucional más eficaz para la investigación y sanción de la corrupción.

Los Fiscales Especiales Anticorrupción deberán promover la investigación y la persecución penal de los hechos de corrupción significativos, de acuerdo a pautas objetivas. Intervendrán, individual, alternativa, o conjuntamente, en todas las investigaciones y procesos penales vinculados con hechos graves de corrupción.

También podrán efectuar o requerir investigaciones, estudios, pesquisas, peritajes, consultas, informes y cualquier otra indagación o averiguación destinada al esclarecimiento de los hechos de corrupción bajo su competencia, además de ordenar y recibir testimonios, pudiendo solicitar el auxilio de la fuerza pública.

El legislador radical aseguró que “la corrupción requiere de herramientas más eficaces y creativas frente a formas de criminalidad complejas. Esta nueva institución propuesta y las reglas articuladas para su funcionamiento balancean adecuadamente la necesidad de una persecución penal más rápida y efectiva. Es una concepción novedosa de los modos de litigar por parte de los fiscales que respeta de modo irrestricto todos los cánones de defensa penal”.

El proyecto establece que la Fiscalía Especial Anticorrupción forma parte del Ministerio Público Fiscal como órgano dependiente de la Procuración General de la Nación y está integrada por cinco Fiscales Generales Anticorrupción, quienes se alternarán en la presidencia por períodos de dos años. Un Comité de Fiscales tendrá a su cargo dictar el reglamento interno del organismo y las pautas objetivas sobre cuya base intervendrán en cada caso.

El diputado y jurista Gil Lavedra explicó que “la Fiscalía Especial Anticorrupción representara exclusivamente al Ministerio Público en los casos de mayor complejidad y relevancia institucional, o cuanto la importancia del monto involucrado o la jerarquía de los funcionarios o particulares investigados lo indiquen, o cuando la necesidad de contar con conocimientos específicos, o las particularidades del proceso justifiquen la actuación de los fiscales especiales”.

En el proyecto se reconoce el carácter dinámico de las investigaciones penales y otorga la posibilidad a la Fiscalía Especial de revisar sus criterios de intervención en el tiempo y en todas las instancias, un instrumento valioso que no está previsto en el ordenamiento vigente.

Gil Lavedra agregó que la iniciativa presentada también “reforma el procedimiento penal federal para poner en cabeza de la Fiscalía Especial Anticorrupción la dirección de la investigación. Así se garantiza mayor eficacia en la investigación y unidad de criterio persecutorio al tiempo que resguarda mejor el derecho de defensa en juicio”.

El proyecto lleva las firmas de los diputados Oscar Aguad, Silvana Giudici, Carlos Carranza, Federico PInedo, Graciela Camaño, Laura Alonso, Gustavo Ferrari, Patricia Bullrich y Felipe Solá.