Finalmente lo hizo. Diez minutos antes de entrar a Olivos, el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta y el Gobierno de la Ciudad, interpusieron una acción declarativa de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema para intentar garantizar las clases presenciales.

Concretamente, la medida busca que se declare inconstitucional el artículo 2 del DNU que dispone la suspensión de las clases presenciales y las actividades educativas no escolares presenciales en todos los niveles y en todas sus modalidades desde el 19 hasta el 30 de abril inclusive.

La jugada, parece poco viable en términos jurídicos por lo que parecería más una jugada política en clave electoral. Así al menos lo leyeron desde el Gobierno. Voces del oficialismo como el ministro de Defensa Agustín Rossi, se expresaron en ese sentido.

En concreto, la demanda presentada contiene 68 páginas, incluye una medida cautelar para que se suspenda la aplicación del artículo sobre las clases. En ese sentido, la Ciudad pide que se le ordene al Estado Nacional que “se abstenga, hasta el dictado de la sentencia definitiva y firme, de llevar a cabo cualquier acto que implique poner en ejecución el Decreto cuestionado”.

“El presente caso presenta un conflicto de competencias entre el Estado Nacional y la CABA. Por ello, teniendo en cuenta el carácter federal de las cuestiones involucradas y la jurisprudencia que reconoce el derecho de mi representada de acceder a los estrados de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, se requiere a V.E. la tramitación del presente proceso en instancia originaria”, sostiene la presentación en uno de sus tramos ante la Corte.