El ministro de Justicia y Seguridad, Ricardo Casal, presentó formalmente cinco nuevos proyectos de ley que se acordaron con oposición en la mesa del Consejo de Seguridad bonaerense.

Luego de la reunión que Casal mantuvo con el titular del Senado, Federico Scarabino, expresó su anhelo de que estas propuestas sean tratadas “en sesiones extraordinarias”, es decir en febrero de 2011, antes de que comience el período de sesiones ordinarias en marzo.

Naturalmente, por la altura del año, ya no queda tiempo para dar ingreso a esta nueva batería de proyectos de ley ya que las sesiones de la Legislatura concluyeron la semana pasada y no en los mejores términos entre ambas Cámaras.

Tanto Senado como Diputados quedaron al pendiente de que se traten proyectos de gran interés tanto para el oficialismo como para la oposición. Por su parte, la Cámara alta se negó a tratar el recorte a las facultades del Gobernador que consistía en reducir a un 8% la posibilidad de modificar las partidas presupuestarias que fueron signadas en el proyecto formal. Mientras, Diputados decidió cerrar el ciclo sin tratar la “jubilación para las manzaneras”.

Por otra parte, más allá de los deseos expresados por el Ministro, en lo concreto, generalmente el Senado no realiza sesiones extraordinarias en febrero y los tiempos son cortos como para que salga una medida teniendo en cuenta las cuestiones de relevancia que quedaron pendientes para el año entrante.

Los cinco proyectos en cuestión tienen la finalidad de aplicar modificaciones en la Ley de Ejecución Penal, fundamentalmente a mejorar las condiciones de reinserción de liberados. Además buscan crear nuevos tribunales de Casación y un cuerpo de investigadores judiciales.

Así, la que apunta a modificar la Ley de Ejecución Penal pretende establecer nuevas modalidades en el régimen de encarcelamiento, las salidas transitorias y la libertad condicional. El proyecto contempla la regulación en los nuevos procedimientos que se implementarían para informarle a un condenado que se le otorgarán salidas transitorias o libertad asistida. El mismo se dará a conocer oralmente, con presencia del beneficiado, la defensa y el fiscal.

Además, se realizan cambios en el régimen de visitas y se regulan el sistema de castigos por malos comportamientos. Se incorpora un sistema para la educación y el ámbito laboral, transformando el funcionamiento del Patronato de Liberados.

Otro de los proyectos especifica la creación de un régimen de trabajo penitenciario que tendrá de la finalidad de capacitar a las personas garantizándoles un ingreso que será en parte destinado a la manutención del grupo familiar del detenido.

Por otra parte, se incluye que la administración pública garantice que el dos por ciento del cupo laboral sea ocupado por liberados que hayan recibido las capacitadas que se enmarcan en este nuevo paquete. Asimismo, establece que las empresas privadas que empleen ex detenidos tendrán prioridad en licitaciones públicas.

En tanto, la cuarta iniciativa corresponde a la creación de Cuerpos Especiales de Investigación, este fue uno de los temas en los que insistieron similares distintos sectores de la oposición y la misma Corte Suprema.

Por último, se presentó un proyecto que busca regular la figura del testigo de identidad reservada, asegurando que “toda persona podrá requerir al Fiscal declarar bajo la estricta reserva de su identidad”, con la salvedad de que “la declaración recibida en la investigación penal preparatoria no podrá ser utilizada como medio de prueba”.