La diputada nacional Margarita Stolbizer presentó un pedido de informes al Poder Ejecutivo para que se detalle el financiamiento del acto encabezado por el presidente Javier Milei el pasado 6 de octubre en el estadio Movistar Arena. El evento, que incluyó la presentación de su libro La construcción del milagro y un espectáculo musical, generó cuestionamientos por el posible uso de recursos públicos y el rol de aportantes privados.

“El uso de recursos del Estado para fines privados no solo es inmoral: es ilegal”, expresó Stolbizer en su cuenta de X, donde compartió el texto del proyecto ingresado en la Cámara de Diputados. En el documento, la legisladora solicita información sobre el presupuesto total asignado, los costos del operativo de seguridad, la contratación del estadio, los servicios logísticos, publicitarios y técnicos, así como la participación de sponsors o aportantes privados.

Además, el pedido requiere copias de los contratos, facturas y comprobantes de pago, junto con las resoluciones ministeriales que autorizaron el despliegue de personal de seguridad. También se solicita que se informe si hubo venta de entradas, cuántas localidades se comercializaron y cuál fue el destino de los ingresos obtenidos.

En paralelo, la Coalición Cívica presentó un pedido similar, reclamando explicaciones sobre el uso de recursos públicos en el acto presidencial. El bloque que integra Juntos por el Cambio pidió que se detalle si hubo financiamiento estatal directo o indirecto, y si se utilizaron partidas presupuestarias para cubrir gastos vinculados al evento.

Stolbizer interpela directamente al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, preguntando si se reasignaron partidas para financiar el acto y por qué no se aplican esos recursos —según indica— para implementar la Ley de Emergencia en Discapacidad.

La diputada también pone el foco en el posible financiamiento privado, mencionando versiones periodísticas que señalan al empresario Eduardo Kovalivker, accionista de la droguería Suizo Argentina, como responsable de la reserva y el pago del estadio. La firma está involucrada en una investigación por presuntas irregularidades en contratos con la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).

“Este tipo de conductas lesionan la confianza pública y contradicen los principios de ética y austeridad que deben guiar a quienes ejercen la función pública”, señala el documento, que cita la Ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública (25.188) y la Ley de Acceso a la Información Pública (27.275) como sustento normativo.